Los avasallamientos, las acciones criminales y la impunidad con que las premiaban los anteriores gobiernos han configurado un panorama complicado respecto al manejo de la tierra en Bolivia.
Esta problemática, más la tibieza con que actuaban las fuerzas del Estado, generó un escenario de mucho peligro, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para el país. El avasallamiento de propiedades agropecuarias y de áreas protegidas está descontrolado. Cada vez hay mayor agresividad y es evidente el uso de armas de grueso calibre, como se demostró en varios ataques a predios de Guarayos, donde el Estado demoró semanas en actuar y, cuando lo hizo, no detuvo a los cabecillas de estos hechos vandálicos.
Los ataques tienen larga data, con la impunidad como resultante. Ha pasado con los agresores de periodistas, policías y trabajadores agrícolas en Las Londras, donde se identificó a los presuntos responsables y se detuvo a algunos, pero terminaron siendo liberados. Después, siguieron los avasallamientos violentos. Hubo quienes denunciaron que los predios se ubicaban a base de información oficial del Estado, en complicidad con funcionarios corruptos. Las mafias organizadas cuentan con la capacidad de perforar al Estado mediante grupos corporativos que actúan bajo el paraguas de la protección política, como ya se ha visto. Todo esto ya se lo ha dicho, pero el anterior Gobierno hizo oídos sordos o miró hacia otro lado mientras la población se sentía indefensa.
En Guarayos hubo un cabildo en el que se pidió la presencia del Estado para poner orden, advirtiendo que, si seguía la impunidad, sus habitantes no tendrán más alternativa que autodefenderse. Conocedores de la problemática de la tierra, advirtieron sobre lo peligroso de este escenario, porque se podría desencadenar un enfrentamiento entre bolivianos, con la consecuente responsabilidad de las autoridades gubernamentales. Los mismos expertos comparan esta situación con lo ocurrido en Colombia, donde bandos armados patrocinados por el narcotráfico fueron combatidos por grupos de autodefensa, con una estela de luto y dolor.
En varios territorios de Bolivia hay enclaves en los que falta presencia del Estado y donde circulan grupos armados que imponen sus propias normas, amedrentan y hasta desplazan a los lugareños. Si no, pregúntenles a los indígenas que son expulsados de sus territorios. Muchos avasallamientos en áreas protegidas y en tierras privadas tienen el patrocinio de grupos irregulares vinculados con el tráfico de drogas y de madera.
Frente a la problemática de la tierra, el gobierno del MAS actuó de manera contradictoria. Por un lado, y ante la presión ciudadana, organizó operativos cada cierto tiempo y el entonces Ministro de Gobierno declaraba que no iban a permitir avasallamientos. En cambio, desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el INRA decían que nada podían hacer al respecto y que las órdenes de desalojo debían emanar de la justicia (o sea, luego de años de litigios), generando indefensión. Entretanto, la corrupción se campeaba y los tomadores de tierras seguían operando con impunidad.
La situación era muy grave. Por eso fue que, en su momento, se advirtió que, si el Gobierno permanecía con posiciones contradictorias y mirando a un costado para no tomar al toro por las astas, Bolivia podría terminar enfrentada y con un Estado débil frente a mafias organizadas que parecen cobrar mayor fuerza con el paso del tiempo. Ahora que se inició una nueva etapa será interesante ver qué hace el nuevo gobierno ante los avasallamientos de tierras.
