En la distribución y manejo de los recursos económicos, desde los inicios de la vida republicana de Bolivia hasta nuestros días, ha prevalecido la hegemonía centralista, donde el Nivel Central del Estado ha concentrado la administración, en promedio 85% del presupuesto nacional, mientras las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades administran solo el 15%. Para ser precisos, según la Ley 1613, el Presupuesto General del Estado (PGE) de la gestión fiscal 2025, consolidado, es de Bs 296.565.879.631, de los cuales el 86% (Bs 255.046 MM) se destina a los órganos del Estado, que comprendían 27 entidades en el anterior gobierno (Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial, Tribunal Constitucional e instituciones de Control y Defensa del Estado); el 3% a los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales (Bs 9.657 MM); el 7% a los 344 ETAs, entre Gobiernos Autónomos Municipales, Región Autónoma y Autonomías Indígenas Originarias Campesinas (335 GAM, 1 GAR y 8 GAIOC), que significan Bs 22.147 MM; el 2% a las 14 Universidades públicas (Bs 7.390 MM) y otras el 2%. Esta disparidad evidencia la urgencia de reequilibrar la distribución fiscal mediante el Pacto Fiscal hacia el modelo 50/50.
El país, como bien es sabido, está viviendo una etapa crítica en su historia: carga una crisis económica fenomenal a espaldas, con la esperanza de un nuevo gobierno que inyecta recuperación del ánimo y transmite expectativas de días mejores a la población. Esta oportunidad se torna propicia para revisar este modelo centralista e iniciar el proceso del Pacto Fiscal, que considere una distribución de recursos más justa, más equitativa y eficiente; que fortalezca capacidades ejecutivas y operativas de las ETAs y Universidades, que son pilares fundamentales para el desarrollo integral del país; de lo contrario, significaría que la brecha existente entre las necesidades reales y la asignación presupuestaria seguirá ampliándose, afectando directamente la calidad de vida de la ciudadanía.
El Pacto Fiscal, previsto en la CPE y la Ley 031, establece que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado.
Con esa base, urge impulsar el diseño y desarrollo de un Pacto Fiscal con datos frescos del Censo 2024, publicado oficialmente en agosto de 2025, incorporando ejes y directrices estratégicas adecuadas y adaptadas a la realidad y rescatando los intentos y avances que pudo haber tenido el Consejo Nacional de Autonomías. Y es en este contexto donde converge perfectamente la propuesta de campaña del presidente Rodrigo Paz, su modelo 50/50, que cundió y conquistó a la población, con la idea de asignar recursos del Estado en partes iguales entre el Gobierno central y los subnacionales, que en la práctica significaría un incremento global del 100% de recursos; es decir, si una entidad territorial autónoma recibía Bs 100, con el modelo 50/50 recibirá Bs 200, con lo que dispondrían más recursos. Pero necesariamente, en un sentido técnico, tendrían que ir acompañados de un ajuste competencial, con fórmulas objetivas de generación, distribución, uso y control de los recursos públicos.
Entonces, el Pacto Fiscal y el Modelo 50/50 se complementan de manera estratégica y secuencial en el marco de la aplicación de las autonomías y descentralización del Estado, donde el Pacto Fiscal funciona como el proceso de diálogo, consenso y adecuación normativa, mientras que el Modelo 50/50 constituye el objetivo general, que prevé una distribución 50/50 del presupuesto.
Alcanzar el objetivo del 50/50, a corto plazo, más allá de un compromiso, técnicamente es inverosímil, requiere de un proceso mínimamente a mediano plazo, para su implementación gradual, desde los lineamientos estratégicos, los ajustes legales, administrativos y técnicos, con fortalecimiento institucional y gestión participativa. Por lo que se advierte que, dadas las características y condiciones, el modelo de distribución 15/85 todavía seguirá rigiendo en 2026; pero sí debería iniciarse el proceso preparatorio, que considere aspectos administrativos, logísticos y de coordinación; luego, el análisis de los desequilibrios fiscales, priorización de agendas, posibilidades de generación y captación de recursos, discusión y debate para la asignación efectiva de recursos y mecanismos que mejoren la gestión pública hasta alcanzar el quinto año del proceso gestión 2030 con el Modelo 50/50 plenamente consolidado y funcionando en todas las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades públicas, con capacidades fortalecidas.
* Es economista, conocedor de la dinámica municipal y la gestión pública.
