La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional lleva adelante el proceso de selección y designación de vocales para el TSE y, de un total de 440 postulantes, casi la tercera parte fueron inhabilitados en la etapa de revisión del cumplimiento de requisitos generales y específicos, varios de los cuales se corresponden a un sistema político ya caduco.
Las redes sociales ahora mismo se han convertido en un lugar de debate sobre el criterio con que, durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue impuesto —de una manera solo literal, ficticia porque muy pocos lo han cumplido en los últimos 20 años— el requisito de hablar al menos dos idiomas oficiales. Un criterio que insólitamente aún prevalece, pese a que se pregona la idea de un cambio respecto al pasado.
Resulta que el requisito 7 para los postulantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) era el de “hablar al menos dos idiomas del país, establecido en el Artículo 234 de la Constitución Política del Estado” y que “el segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por el Estado, de conformidad a la Ley Nº 269 de 2 de agosto de 2012; Decreto Supremo 2477 de 05 de agosto de 2015 y Decreto Supremo 4566 de 11 de agosto de 2021”.
El decreto 2477 prevé en su artículo transitorio 1º lo siguiente: “Las servidoras y servidores públicos que no hablen una lengua indígena originaria campesina en el plazo determinado por la Ley Nº 269, obligatoriamente deben iniciar el aprendizaje de una lengua indígena originaria campesina en un tiempo razonable, el mismo que se justificará con la presentación de la boleta de inscripción a un centro de enseñanza de lenguas”. Pese a esto, hubo postulantes que fueron apartados del proceso de selección aun habiendo presentado esta última boleta, emitida oficialmente por la ‘Escuela de Gestión Pública Plurinacional’ (¿?).
Pero, más allá de ese detalle —que no es menor—, este momento político coyuntural debe servir para repensar los métodos arbitrarios que el anterior gobierno introdujo mediante normativas nacionales con el objetivo de favorecer a sus partidarios o, directamente, impedir el acceso de profesionales probos a cargos públicos.
No es posible que se inhabilite a personas íntegras mientras se sabe que otras transgreden la ley comprando certificados de cursos de idiomas (entre otros y en más de una institución estatal) con tal de avanzar en procesos de selección supuestamente limpios y transparentes. ¡Qué contrasentido que, en el caso de los postulantes a las seis vocalías del TSE —se entiende, gente recta, intachable para formar parte de una institución de conducta también ética, virtuosa— sea “empujada” a corromperse para cumplir con un requisito!
El debate de fondo pasa por la incomprensible continuidad de pautas de un régimen que ha sido rechazado con una abrumadora mayoría en las pasadas elecciones generales, precisamente, debido a sus prácticas acomodadizas, muy convenientes para fines sectarios y antidemocráticos.
Por otra parte, este tiempo es propicio para un sinceramiento: ¿Cuántos de los funcionarios públicos en la Administración del MAS sabían efectivamente hablar alguno de los idiomas que no son el castellano (no demostrable con cartones repartidos a diestra y siniestra como tickets en marcha obligatoria de protesta)?
La selectividad con que se han manejado la cosa pública y, fundamentalmente, las designaciones en cargos del Estado ha sido una de las causas por las que la ciudadanía se cansó y decidió dar un giro depositando su confianza en una nueva gestión de gobierno, la del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el presidente Rodrigo Paz que, con más de un mes en el poder, tiene que empezar a demostrar que no es más de lo mismo a través de acciones claras y concretas.
