Cuando apenas estaba comenzando diciembre, el presidente Rodrigo Paz afirmó en conferencia de prensa que “no hay los aportes” de los jubilados en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. En cualquier país del mundo en el que su primer mandatario lanzara semejante afirmación se armaría un revuelo. En Bolivia fue noticia de un día, seguramente por la pérdida de la costumbre del asombro después de los desatinos —cuando no directamente actos de corrupción— que han sido descubiertos en las últimas décadas y bajo diferentes gobiernos.
Con 30.000 millones de dólares al cambio oficial, la Gestora es el principal Fondo de Inversión de Bolivia; por tanto, el sostén de la economía nacional. Debido a ello, y ante el hecho insoslayable de que ese monto fue constituido con los ahorros de los bolivianos, cabe esperar más detalles de la denuncia presidencial.
Aproximadamente el 50% de los ahorros de los trabajadores están depositados en el sistema financiero, básicamente bancos y algunos fondos cerrados de inversión que son de los mismos bancos; un 30% se colocó en instrumentos financieros del propio Estado, que, aunque tenga muy mala prensa, es una práctica habitual en la inmensa mayoría de los países del mundo, y el resto se invierte en el “tejido productivo” cumpliendo las disposiciones normativas y de seguridad que la Gestora y el Gobierno se han dotado.
El gobierno de Rodrigo Paz ha implementado una estrategia que pasa por justificar todas las reformas y medidas a tomar con la existencia de un “robo masivo” por parte de las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que cifró en 16.000 millones de dólares. El dinero de la Gestora no se esfuma y no conviene alimentar esos fantasmas; en general, se invierte, o se gasta, y hay responsables que tendrán que dar cuenta de sus decisiones.
La Gestora Pública necesita una reforma de fondo para que responda a los objetivos que el propio presidente Paz se encargó de repetir hasta el cansancio: primero Bolivia y siempre, ante todo, Bolivia.
Garantizar que los ahorros de los trabajadores bolivianos sirven para impulsar el desarrollo de ellos mismos y, por ende, del conjunto de la patria, debe ser la prioridad y esto no se tiene que perder de vista.
