Luis Arce tras las rejas. Si algo así se publicaba hace un par de meses, nadie lo hubiera creído, pese a que la mayoría de los bolivianos estamos acostumbrados a los giros de 90 grados de nuestra política y politiquería.
Pero, así como la detención preventiva no se esperaba tan pronto, hay que admitir que el hecho no sorprendió a la mayoría de la ciudadanía boliviana que tenía bien claro que durante los gobiernos del MAS se cometieron los mayores latrocinios en la historia del país.
La impunidad duró el tiempo que el MAS estuvo en el poder y la cantidad de lo robado es astronómica. En un primer ensayo, el presidente Rodrigo Paz habló de 15.000 millones de dólares, pero quienes estudian los efectos que ese partido tuvo en la realidad económica de Bolivia aseguran que la suma es todavía mayor.
Entonces, el primer mandatario denunció el robo globalizado más grande en la historia de Bolivia y comienza a investigarse uno de los casos de corrupción más sonados durante los gobiernos del MAS: los desfalcos al fondo indígena, y se detiene a una de las implicadas. ¿En serio pensaba Arce que, tras sus declaraciones lo iban a dejar volver a su casa? Si ahí no hubo un gran nivel de ingenuidad, entonces habría que pensar en un cálculo político orientado hacia alguna dirección desconocida.
Lo que pasó en el fondo indígena es tan sencillo que no se puede creer: millones de dólares que estaban destinados a proyectos para favorecer a los campesinos fueron desviados a cuentas privadas con autorización expresa, y por tanto documentada, de quien fue ministro de economía del régimen de Evo Morales; es decir, Luis Arce. ¿Cómo es que creyó que no se le iba a detener?
Pero el gran detalle de todo esto no es que un expresidente haya sido encarcelado a los pocos días de dejar el poder, sino la conciencia colectiva de que el del fondo indígena no es el único gran caso de corrupción que merece ser castigado en el país.
El MAS gobernó el país casi por 20 años. La interrupción que significó el gobierno de Jeanine Añez no fue ni eficaz ni suficiente para cortarle las uñas, porque volvió a encaramarse al poder con todo. Como no había pasado nada importante hasta entonces, y sus líderes seguían campantes, dejaron que el sentimiento de impunidad los inundara. Después de todo, ningún enemigo externo los había derrotado.
Las enumeraciones y la relación de casos de corrupción son tan largos como variados. De lo que se puede encontrar sin interés sectario de por medio destaca la nota publicada por la Agencia de Noticias Fides (ANF) el 31 de mayo de este año citando “escándalos clave” como el caso YPFB-Botrading y la compra ilegal de tierras, ambos vinculados a los hijos de Luis Arce.
El 20 de julio de 2024, el escritor y diplomático Alfonso Gumucio Dagron puntualizó diez casos de corrupción entre los que están los que involucran a la familia del exvicepresidente Choquehuanca y —cuándo no— a los hijos de Arce. En esta relación están el caso Catler-YPFB, de los primeros años de Morales, y el de Gabriela Zapata, hasta ahora sin esclarecer.
Cuando vemos que unos cuantos están detenidos, otros se han fugado y hay algunos que no solo no han sido tocados, sino que siguen haciendo ostentación de poder, amenazando desde detrás de sus escudos humanos, entendemos el alcance de la frase “no están todos los que son, ni son todos los que están”.
Los dedos de una mano sobran para contar a los detenidos y eso hace pensar que se está aplicando la ley del embudo. Cuando los principales responsables de la corrupción en este país estén tras las rejas, como lo está Arce, entonces creeremos que se está obrando con criterios de justicia.
