Creada con la Ley 1670, la misma de la autoridad monetaria y cambiaria del país, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB) tenía la misión de “mantener, proteger, conservar, promocionar y administrar los Repositorios Nacionales”.
Desde su creación, en 1995, y durante por lo menos doce años, cumplió esa función a cabalidad y, gracias a eso, los repositorios que originalmente dependían de la fundación –Casa Nacional de Moneda (Potosí), Casa de la Libertad (Sucre), Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre) y Museo Nacional de Etnografía y Folklore (La Paz)– crecieron a un ritmo aceptable.
Para un mejor manejo de la FC-BCB, la ley dispuso que sea “dirigida por un Consejo de Administración compuesto por siete consejeros de reconocido prestigio en el ámbito cultural e histórico”. Durante los diez años referidos, esto se cumplió a cabalidad ya que los consejeros fueron reconocidas figuras de la cultura boliviana, particularmente de la historiografía, académicos que no solo tenían títulos que respaldaban su formación sino, fundamentalmente, autores de libros.
Los requisitos, entonces, no se limitaban a la formación universitaria, sino que reparaban, y bastante, en los logros de los designados. Era la ahora tan mentada meritocracia que consistía en reconocer el valor individual de las personas por sus evidentes aportes a la sociedad boliviana. Se aplicaba en instituciones tan importantes como las cortes electorales y hasta hoy se habla de sus buenos resultados. En el caso de los repositorios administrados por la FC-BCB, sus directores eran los personajes más importantes de sus ciudades y, por ello, sus cargos no tenían fecha de expiración.
En 2007, ya con Evo Morales instalado en la Presidencia, la meritocracia fue una de las instituciones que se echó abajo con el argumento de la discriminación. A decir de los nuevos gobernantes, no se podía impedir a nadie que se ejerza cualquier cargo porque exigir títulos, o méritos, era discriminar a los aspirantes. Por eso es que uno de los miembros del Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia fue un trompetista cuyo principal mérito era haberle enseñado el uso del instrumento al entonces primer mandatario que, como todos sabemos, fue músico en una de las bandas del Carnaval de Oruro.
Pero lo peor que le pasó a la FC-BCB fue que uno de sus presidentes, funcional al MAS, aprobó un reglamento que, por una parte, centralizaba todas las decisiones de los repositorios en el Consejo de Administración y, por otra, otorgaba a la presidencia de ese organismo la facultad de decidir si es que los consejeros no podían reunirse. Con esa fórmula, varios contratos fueron aprobados por el presidente bajo la sospecha de favorecimiento a sus allegados. En los repositorios, los directores se convirtieron prácticamente en figuras decorativas, ya que habían perdido la facultad de decidir sobre sus museos, archivos y bibliotecas. Se modificó el reglamento de contratación de personal y el personal calificado comenzó a ser reemplazado con criterios políticos.
Se produjo, entonces, la indeseable mezcla de cultura con política que ha llevado a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia a la situación en que se encuentra. En los últimos años se aplicó una visión marxista tan evidente que hubo concursos con el Che Guevara como figura central o bien se incentivó a escribir sobre los sucesos de 2019 con el rótulo de “golpe de Estado”.
Ahora, como publicamos en este diario, la FC-BCB ha llegado el extremo de que su presidente ha sido denunciado a la Unidad de Transparencia del Banco Central de Bolivia y al Ministerio de Trabajo por sus propios consejeros. Se ha tocado fondo así que solo hay dos caminos a seguir: se debe recuperar la mística de los primeros años y descentralizar una fundación que todavía puede ser el mejor brazo operativo de la cultura en Bolivia.
