Siempre que existe un cambio trascendental —como, por ejemplo, un cambio de gobierno—, uno de los anuncios reiterativos es el de transformar la Policía Boliviana.
Hablamos de la institución peor valorada del país, junto con la Justicia; de un asunto de por sí dramático que abona la concepción generalizada de ciudadanos solo tratando de no enredarse en nada que implique la presencia ni de uniformes ni de togas judiciales.
Resulta curioso que en esa circunstancia, que evidencian todos los sondeos, la mayoría en Bolivia haya elegido como vicepresidente a un expolicía, sin importar que su historia sea particular ni que haya alcanzado popularidad precisamente denunciando los hechos que suceden al interior de la institución de la que acabó siendo expulsado. La desconfianza es el común denominador.
El excapitán Edmand Lara pareciera que busca ser consecuente con sus promesas de campaña, que en su caso —pues, de momento, ha sido honesto al decir que hay temas que desconoce y que para eso están los expertos en los que se deposita la confianza— se reducen a la lucha contra la corrupción.
Inicialmente le cayó el Ministerio de Justicia, a los dos días denunció que había presiones para quitárselo y puso nombre y apellido a aquellos que lo rondaban. Para defenderse, pidió la cabeza del entonces comandante de la Policía, Augusto Russo, y cierto acceso y coordinación a la toma de decisiones referidas a la institución. Una semana después el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo dilapidó públicamente sentenciando a “su” ministro de Justicia, Freddy Vidovic.
Russo fue cambiado porque tocaba relevo y Lara impidió que alguien de la confianza de Oviedo —mirista de la vieja guardia— asumiera Justicia, pues Paz decidió cerrar el Ministerio en una mañana. No hubo tablas, pero tampoco nadie puede confirmar si el nuevo comandante, Mirko Sokol, fue sugerido y avalado por el propio Lara.
De momento, Sokol ha fijado claramente las prioridades de su gestión en la línea de las promesas de campaña de Paz y Lara: lucha frontal a la corrupción. Ha emitido un comunicado “prohibiendo” pedir dinero; ha cerrado las comisarías de tránsito irregulares que no contaban con “aval institucional”, ha instruido que todos los expedientes sancionatorios tendrán un número que se tramitará en ventanilla única y ha incluido a un Inspector de Policía en los operativos de Diprove.
El asunto pinta como revolucionario, pero es más bien vergonzante. Instruir a los policías que no coimeen y admitir que hay comisarías con el único objetivo de delinquir, mientras que lo demás se queda exactamente igual: en la soledad de la noche, en un callejón oscuro, cuando la Policía da el “alto”, no importan las ventanillas únicas sino la voluntad del ciudadano de someterse a la Ley o de buscar atajos. Y puede ser peor.
Hace falta una reforma estructural de la Policía y, eso es lo que todavía no se ha visto, ya sea en las acciones del nuevo comandante general o en las del vicepresidente expolicía. Y es que una cosa es criticar desde fuera y otra aplicar el cambio desde dentro.
