Bolivia atraviesa un proceso de descomposición de la estructura política que marcó las dos últimas décadas. Las clases medias populares, junto con las bases de las organizaciones que conformaban el llamado bloque popular, rompieron con la hegemonía de las organizaciones sociales y con la burocratización dirigencial que se enquistó en Estado. Del mismo modo, evitaron que grupos extremos y excluyentes retornen al poder. Este quiebre, más que un acto ideológico, expresa un gesto patriótico y plebeyo frente al desgaste de sus antiguos representantes.
Desde los años 90 hasta 2005, las organizaciones sociales lucharon por asumir la conducción del bloque popular que impulsó el nacimiento del Estado Plurinacional, incorporando a sectores históricamente excluidos. Entre 2006 y 2019, el MAS-IPSP hegemonizó la conducción política del país. Luego tuvieron un bajón en periodo 2019–2021, con Jeanine Áñez, para después regresar desde 2021 hasta 2025, la administración de Luis Arce.
Esta última etapa, sin embargo, significó la erosión interna del bloque popular, su desgaste moral y la incapacidad de recomponer su credibilidad. Como consecuencia, el país está hoy gobernado por Rodrigo Paz, cuya administración impulsa políticas de una derecha que intenta mantener vínculos con lo popular para preservar la gobernabilidad.
Durante los años 2000, instituciones como las ONGs, las fundaciones, la Iglesia católica, el latifundio, el gran empresariado y la propia estructura estatal fueron duramente cuestionadas por organizaciones sociales que, en ese entonces, representaban auténticamente a las mayorías. La llegada de Evo Morales al poder permitió que esos sectores no solo participaran, sino que se convirtieran en parte constitutiva del Estado. En los primeros ocho años, las organizaciones gozaron de legitimidad, movilizaban moral y tenían capacidad de irradiación política. Pero el escándalo del Fondo Indígena marcó un punto de quiebre: la dirigencia campesina e indígena perdió autoridad para hablar de transparencia y defender sus propias demandas sectoriales.
Luego, la crisis del gobierno de Áñez —marcado por represión, errores políticos y mala gestión—, reactivó transitoriamente la incidencia de estas organizaciones, que retornaron al poder con expectativas de renovación. Sin embargo, ese regreso no estuvo acompañado de autocrítica ni de regeneración moral. Por el contrario, muchos dirigentes se vieron involucrados en prácticas de corrupción, cobro de coimas, creación de empresas para adjudicarse obras y venta de avales. El deterioro se profundizó.
Hoy, la correlación moral y política del país ha cambiado. La empresa privada, la Iglesia, los jóvenes profesionales y sectores sociales urbanos han ganado incidencia pública y capacidad de influencia, mientras que las organizaciones sociales tradicionales han perdido peso y prestigio.
La reconstrucción pasa por un proceso interno inevitable: las organizaciones campesinas, indígenas, originarias y populares deben recomponer su moral, sancionar a los dirigentes que las desprestigiaron y renovar sus liderazgos con figuras que representen causas colectivas, no beneficios particulares. Solo así podrán volver a ocupar un lugar legítimo en la vida política del país.
