La Bolivia de este viernes no es la misma que la que amaneció el miércoles. Hasta el 17 de diciembre, el país vivía en una economía ficticia que una cúpula privilegiada del anterior gobierno había armado con el propósito de apoderarse de recursos estatales y desviarlos, como se está confirmando poco a poco, a fines sectoriales o personales.
Mientras los países que seguían las reglas del mercado marchaban en una dirección, el gobierno de Evo Morales tomaba otra en la que, en apariencia, las cosas iban mejor: el dólar se había congelado, al igual que los precios de los carburantes. Todo parecía marchar como sobre ruedas: la inflación era alta en el exterior y la de Bolivia registraba cifras bajas o imperceptibles. Con los precios del dólar y de los combustibles inamovibles, muchos creyeron que ese era el camino correcto. Las escasas voces que advertían que se vivía una economía ficticia eran simplemente ignoradas.
Los expertos advertían que las reservas de gas se agotaban y que era preciso buscar nuevas, pero el gobierno de entonces dijo que había todo un “mar” de ese recurso finito a disposición. Luego, los ingresos por la venta del energético comenzaron a bajar y, para mantener congelado el precio interno de los carburantes, se optó por echar mano de las reservas internaciones, es decir, de los ahorros del país.
El problema se tornó aún mayor cuando, principalmente en el año que va terminando, la escasez de dólares puso en aprietos no solo a las familias de viajeros o de bolivianos residentes en el exterior, sino al mismo Gobierno, que para lograr abastecer de carburantes al país necesitaba de la moneda estadounidense.
Para colmo, el sistema subvencionado dio lugar a un sistema criminal cuyos integrantes se beneficiaron de él vía corrupción. Según los primeros indicios, se organizaron empresas a las que se les adjudicaron contratos para el transporte de los hidrocarburos, desde los puertos a los puntos internos de distribución. La ganancia consistía en que gran parte de los combustibles era destinada a su venta ilegal en el extranjero, con un amplio margen de ganancia por la diferencia de precios. Así, la cantidad de carburantes destinada a los surtidores bajó drásticamente, causando la escasez que se mantuvo hasta el final de la gestión de Luis Arce.
En tales circunstancias asumió el presidente Rodrigo Paz, quien primero buscó créditos externos y, de inmediato, encabezó una caravana de cisternas. Pero se demoró en tomar las acciones señaladas por los expertos: había que enfrentar el conflicto mayor, el de la subvención. Y esa tardanza fue criticada hasta que el anuncio llegó y, ahora, diferentes sectores amenazan con bloqueos por la dureza de la medida.
Tras la promulgación del Decreto Supremo 5503, algunas voces señalan que no era el momento y que el subsidio debió levantarse de manera gradual, o aplicarse por sectores; pero los economistas advierten que eso iba a provocar ajustes parciales que, de todas maneras, iban a traducirse en incrementos de precios.
Lo que estamos viviendo es una medida de ajuste estructural brusca, “de shock”, pero una y con plazo definido: seis meses. Lo que ocurra de ahí en adelante dependerá de análisis coyunturales.
Para los especialistas, se trata de una política dura, pero necesaria. En los hechos, el Gobierno sinceró la economía nacional.
