A principios de año, la organización de Transparencia Internacional publicó el CPI (Índice de Percepción de la Corrupción 2024) donde Bolivia ocupa la posición 133 de 180 países, solo por encima de Venezuela y Paraguay en el ámbito regional. En junio, el World Justice Project (WJP, Proyecto de Justicia Mundial) sacó el “Índice de Estado de Derecho”, donde Bolivia aparece en el puesto 141 como el segundo país con mayor corrupción entre 142.
El IT y el WJP son organismos internacionales que realizan estudios de investigación global basándose en la percepción ciudadana, información de expertos o fuentes de datos oficiales, recopilados con encuestas sobre situaciones cotidianas. El IT mide el nivel de corrupción gubernamental y el WJP maneja indicadores clasificados en categorías; el indicador “Estado de Derecho” sobre la corrupción se basa en 4 pilares: responsabilidad, ley justa, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial. Este estudio alcanza a todos los órganos del Estado. Si bien los dos índices no van acompañados de una explicación de lógica social, permiten captar la censura ciudadana hacia la corrupción en los países estudiados.
Un reciente ejemplo del nivel de descontento colectivo ante la corrupción fue Bulgaria, calificado por el WJP como segundo país más corrupto de la Unión Europea; marchas y protestas masivas lograron derrocar su gobierno. Antes, en Nepal, la generación Z fue protagonista de la caída y fuga de sus gobernantes por actos de corrupción; según la IT, este país el año 2024 ocupaba el puesto 107 entre 180. Pero, ¿cómo percibimos la corrupción?
La información instantánea sin fronteras del internet y redes sociales –sea verdadera o falsa– ha cambiado radicalmente la amplitud de acceso. La percepción y discernimiento de cuanto acontece en el mundo son inmediatos, pero... en función de quien lo ve o escucha. El mayor riesgo de la tecnología comunicacional: la desinformación, que confunde y ofusca el pensamiento de forma invasiva en todos círculos sociales sin distinción, peor aún donde no hubo acceso previo a la educación, al conocimiento orientado o al desarrollo de valores.
La doctrina extendida señala que todos somos iguales en derecho, sin especificar que el derecho adquirido más extendido en la humanidad, sin control, son las herramientas que nos da la tecnología para comunicarnos, convertidas en el arma más letal en manos de quienes mantienen las características del primate ancestral de Darwin.
Nos ven como uno de los países más corruptos en el mundo y pareciera que nosotros no vemos por ceguera o porque la abundancia de corrupción enraizada ya está normalizada. No obstante, en algún momento revienta la tolerancia y en la Historia reciente de Bolivia, el cansancio y el hastío de la gente se tradujo en el levantamiento de “las pititas” en 2019. Calmadas las aguas, la creencia colectiva –pecando de inocencia– pensó que el cambio de personajes políticos fue la solución; solo sirvió para el retorno a escena de actores anteriores con roles cambiados. Molestó enterarnos de que en ese ínterin, también estuvo la corrupción; EE.UU. destaparía el caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos por el exministro Arturo Murillo, ahora preso.
La publicación del estudio de WJP coincidió con el destape del “caso Consorcio” en el gobierno de Luis Arce y la renuncia del ministro de Justicia César Siles, que direccionó un fallo con injerencia en el Órgano Judicial, complicidad en el TSJ. El juez presionado por el consorcio para el dictamen reveló la información que los involucraba y, cuando iba a brindar más datos, terminó su vida en “suicidio” como otros casos similares.
Luego, la campaña electoral y cambio de gobierno irían destapando ollas de corrupción de los 20 años del gobierno del MAS y anteriores del MNR, MIR, ADN, etc. con casos que ya habían quedado en el olvido, pero se recordarían mediante la lluvia de videos en redes sociales llamada “guerra sucia” por los “afectados”. Se reaviva para las elecciones subnacionales priorizando el movimiento político por encima de la necesidades comunes. Como corolario, la detención del expresidente Luis Arce por el caso Fondioc, donde el aparato de justicia fue el mayor encubridor del latrocinio cometido mientras que el único con valor para denunciar, Marco A. Aramayo, fue víctima de muerte inducida.
Suman y suman los casos de corrupción que salen a la luz pública. Los ciudadanos comunes somos los espectadores impotentes de cuán extendida y enraizada está en todos los ámbitos, en todas las esferas y, observamos que los más beneficiados están protegidos, incólumes.
No faltó quien calificó a nuestro pueblo de tonto, con la arrogancia de no incluirse en el calificativo. Para los que ya vivimos muchos años, basta refrescar la memoria y repasar las historias para ver cómo tarde o temprano salimos adelante mostrando que ser paciente no es ser tonto. La Historia lo demuestra.
* Es economista y socióloga.
