Se dice que la historia es cíclica por los patrones recurrentes de ciertos hechos y/o personas. Las crisis económicas pueden repetirse de manera cíclica cuando las condiciones que los generaron no cambian estructuralmente. En 1985, Bolivia enfrentaba una hiperinflación provocada, en parte, por el modelo estatista que había convertido al Estado en un gran empleador. El entonces presidente, Víctor Paz Estenssoro, un político octogenario que había sabido acomodarse a cada coyuntura histórica, tras jurar en ese cargo por cuarta vez, pasados solo 23 días salió en las radios y la televisión para advertir que “Bolivia se nos muere”. Luego de una breve y lacónica explicación, lanzó el famoso Decreto Supremo 21060 que frenó la hiperinflación y, si bien no alcanzó los estándares de bienestar que se aspiraba al implantarlo, por lo menos evitó que el país termine de caer en el abismo al que se había orillado.
Han pasado 40 años para que Bolivia viviera una crisis económica parecida, con una inflación de altas cifras que iba camino a convertirse en hiperinflación, con el añadido de una escasez de combustibles que provocó las filas más prolongadas de la historia. Se trataba de una repetición cíclica provocada por un patrón recurrente: se había vuelto al estatismo que generó la crisis de 1984, pero con agravantes porque el Estado no solo había vuelto a ser el mayor empleador, sino que incrementó las planillas estatales y, además, creó empresas que ni siquiera estaban justificadas. A eso se agregaron dos elementos que, aunque complementarios, son diferentes entre sí: una “hipercorrupción”, que permitió pasar por alto todos los límites, éticos y legales y extendió el gobierno de una organización política más allá de lo humanamente recomendable, y una capacidad de robo de los recursos estatales cuya magnitud recién se está viendo con claridad.
El latrocinio más grande de la historia se ejecutó con un instrumento —que incluso usa ese nombre— denominado Movimiento Al Socialismo (MAS) y, para ejecutarlo, y se desarrolló una estrategia de copamiento de todos los espacios posibles de poder, incluyendo a los sindicatos y el sindicato de sindicatos; es decir, la Central Obrera Boliviana (COB). Las organizaciones que no tomó por las buenas, las cooptó por las malas, incluso creando directivas paralelas que luego fueron reconocidas por el Ministerio de Trabajo, lógicamente manejado por masistas. Muchos de los dirigentes de las organizaciones copadas y cooptadas recibieron, en pago, beneficios económicos inéditos, como el ex secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, que ahora cumple detención preventiva por supuesto enriquecimiento ilícito.
Pero, además, el esquema corrupto permitió el fortalecimiento del narcotráfico en niveles nunca antes vistos y el inicio de otro tipo de negocios ilícitos como la trata de personas y el lavado de dólares. Uno de los ejemplos más claros de este último es el del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, que está detenido en la cárcel de San Pedro por el ingreso de dólares de dudosa procedencia al país mediante contratos de compras y servicios públicos.
Cuatro décadas después del DS 21060, le tocó al sobrino nieto de Víctor Paz una situación similar (repetición cíclica), pero no la misma: asumió la presidencia con un país quebrado, tanto que ya no dijo que “Bolivia se nos muere”, sino que hay que hacerle la autopsia.
Lanzó medidas de shock, igual que su tío abuelo, y quienes reaccionan contra estas son las organizaciones sociales que en su momento fueron copadas y cooptadas por un “instrumento” político bajo una sigla partidaria concreta. La pregunta lógica, después de todo lo que vino ocurriendo desde la asunción misma de Rodrigo Paz es: ¿Cuánto incide en las amenazas de los sectores en apronte la posición del vicepresidente Edmand Lara, quien —según varias voces— ya tendría acuerdos con Evo Morales que serían los que explican su veleidosa conducta?
