Creemos que es necesario reflexionar sobre la importancia de la meritocracia en el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de los colegios profesionales del país en la defensa activa de sus afiliados. Se argumenta que la designación de cargos técnicos mediante criterios políticos, en lugar del mérito y la idoneidad profesional, debilita la institucionalidad, la eficiencia del Estado y la confianza ciudadana. Asimismo, se plantea la necesidad de consolidar mecanismos gremiales e institucionales que garanticen la independencia técnica, la ética y la dignidad del profesional boliviano en todas las áreas del conocimiento. La meritocracia, entendida como el principio según el cual los cargos públicos y técnicos deben ser ocupados por los profesionales más competentes, constituye un pilar esencial del servicio público moderno, es un sistema en el cual las responsabilidades se otorgan según el mérito, el talento y los antecedentes profesionales de cada uno, sin tomar en cuenta otros factores como el origen étnico, el género, el origen social o la militancia política. Sin embargo, en los últimos 20 años este principio ha sido desplazado por completo por prácticas de clientelismo y favoritismo político, lo cual afecta directamente la eficiencia institucional y la dignidad de los profesionales bolivianos.
En un contexto donde diversas profesiones como la medicina, ingeniería, derecho, educación, economía, auditoría, entre muchas otras cumplen funciones sociales estratégicas, la exclusión de profesionales idóneos de los espacios de decisión técnica debilita los sistemas de gestión pública y genera desconfianza ciudadana. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE, 2009) establece en su Artículo 233 que el ejercicio de la función pública debe regirse por principios de legalidad, transparencia, eficiencia y responsabilidad, asegurando la idoneidad y mérito profesional de quienes la desempeñan. Asimismo, diversas leyes sectoriales como la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO) exigen que la administración pública opere bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía, principios que solo se garantizan con la participación de profesionales competentes, éticamente formados y técnicamente independientes. La meritocracia, por tanto, no constituye una aspiración abstracta, sino una obligación constitucional y moral que fortalece la institucionalidad democrática y promueve la transparencia en la gestión estatal, además de ser un factor importante para que una gestión pública sea desempeñada con eficiencia.
Los colegios profesionales bolivianos en todas las áreas del conocimiento son actores fundamentales en la regulación, promoción y defensa del ejercicio profesional. De acuerdo con sus normativas internas, entre sus atribuciones se encuentran: La vigilancia del cumplimiento de la ética profesional, La capacitación y actualización permanente y la defensa de los intereses profesionales y laborales de sus afiliados.
Su labor debe trascender la afiliación formal, adoptando un rol proactivo en la defensa gremial y en la promoción de la meritocracia. Para ello, resulta indispensable que: Denuncien públicamente las designaciones arbitrarias que vulneren la idoneidad profesional, Brinden respaldo jurídico y técnico a los profesionales afectados por injerencias políticas y participen institucionalmente en los procesos de selección, evaluación y definición de perfiles en entidades públicas y autónomas. Defender al profesional no es un acto corporativista; es defender el interés público y la idoneidad profesional. El fortalecimiento de la meritocracia está directamente vinculado con la eficiencia, la transparencia y la credibilidad del Estado. Estudios recientes demuestran que la selección de profesionales con base en méritos reduce riesgos de corrupción y mejora la rendición de cuentas. Por el contrario, cuando predominan criterios políticos sobre los técnicos, se generan deficiencias estructurales que perjudican la calidad de los servicios públicos y deterioran la confianza ciudadana.
Cada profesión aporta competencias esenciales para el desarrollo estatal: los médicos protegen la salud, los ingenieros construyen infraestructura, los docentes forman ciudadanía, los abogados garantizan el orden jurídico, los economistas diseñan políticas públicas, los auditores garantizan que la información financiera sea la correcta y fortalecen la transparencia, etc.
Promover la participación de profesionales idóneos en todos los espacios del aparato estatal es una condición indispensable para el fortalecimiento institucional del país. Para restablecer la meritocracia y la dignidad del profesional boliviano, se requiere un compromiso conjunto entre el Estado y los colegios profesionales. Este compromiso debe traducirse en políticas que: Institucionalicen concursos públicos basados en mérito y experiencia, exijan certificaciones y formación continua, garanticen la participación de colegios profesionales en los procesos de selección, consoliden comités mixtos de ética y defensa profesional. Solo mediante un sistema meritocrático transparente será posible asegurar que las entidades públicas, técnicas y de control sean dirigidas por profesionales idóneos, independientes y éticamente comprometidos. La defensa de la meritocracia y del profesional boliviano es una tarea de alcance nacional que trasciende intereses gremiales específicos. Su promoción garantiza transparencia, eficiencia y legalidad en la administración pública. Los colegios profesionales, como representantes legítimos del sector, deben asumir una defensa activa de sus afiliados, promoviendo excelencia, independencia técnica e integridad. El Estado, por su parte, tiene la responsabilidad de institucionalizar mecanismos de selección de sus funcionarios basados en mérito y capacidad, en cumplimiento de la Constitución y las leyes vigentes y evitar la intromisión política en el nombramiento de aquellos.
Defender a los profesionales bolivianos es defender la institucionalidad y la transparencia del Estado.
Todas las funciones públicas sin excepción deben mantenerse libres de injerencias políticas, sustentadas en el conocimiento, la ética y el compromiso con el bien común. Solo garantizando estos valores, Bolivia podrá avanzar hacia un Estado más justo, transparente y meritocrático.
* Es licenciado en Contaduría Pública
