La subvención a los hidrocarburos debía levantarse. No ahora, sino hace mucho tiempo. Lo dicen y lo ratifican analistas y también diferentes instituciones y sectores sociales. Antes de que terminara la gestión de Luis Arce, esa medida ya era insostenible y todo se evidenció con la escasez de combustibles.
Este subsidio benefició, sobre todo, a los que más tienen. Grandes volúmenes de diésel subvencionado se iban a la agroindustria y a la minería, que sacaban sus productos al mercado de exportación a precio internacional; esto se revierte en considerables márgenes de ganancia, que además no se reinvierten en desarrollo industrial, sino en bienes inmuebles, contribuyendo a la burbuja que está convirtiendo en inaccesible el sueño del techo propio.
Subvenciones, subsidios e incentivos hay en todos los países del mundo. La política básicamente consiste en aplicar programas y desarrollar ideas que garanticen una cohesión social más fuerte: en Europa, en China, en Ucrania, en Rusia y en Estados Unidos se protege directa o indirectamente la producción agrícola de una u otra forma. Curiosamente, en Sudamérica se ha interiorizado la demonización de esos instrumentos, siendo uno de los graneros del mundo que amenaza precisamente su estabilidad. En Bolivia, los hechos demuestran que la subvención no ha causado desarrollo alguno: apenas se ha generado industria.
El problema está en los efectos inmediatos de la medida: la gasolina subió casi en un 80% y el diésel un 160 %, lo que le abrió al gobierno de Rodrigo Paz un primer frente del conflicto. Aunque tenga origen económico, hay que subrayar que este es, en los hechos y en la teoría, un conflicto político.
Hay quienes comparan este ajuste con el ejecutado mediante el famoso Decreto Supremo 21060, del gobierno de Víctor Paz Estenssoro; está bien, pero también son medidas que se dan en momentos históricos diferentes y con realidades económicas distintas.
A ello se suma que el alcance del Decreto 5593 recae sobre todo en la población que por décadas contó con un transporte subvencionado. Hoy, el Gobierno sincera la economía y asegura que el Estado no puede mantener un día más aquella subvención. Si bien se ha mostrado abierto al diálogo, también dejó claro que no se moverá una sola coma del decreto en cuestión. Similar actitud tienen los sectores que piden la abrogación de la normativa y la restitución de la subvención. Al menos hasta el cierre de la presente nota editorial (19:00 de este martes), la COB continuaba con una posición radical.
Las medidas políticas se sostienen con argumentos y, por ello, se debería impone el diálogo como única manera de llegar a entendimientos. Eso ocurre en las sociedades democráticas, es decir, donde la política —el arte de hacer política— va marcando los tiempos y evoluciones. En tales condiciones, un grupo de personas plantea sus ideas y propuestas en el marco de un juego constitucional, explica lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer, y la ciudadanía, mediante el voto, decide a quién le entrega el poder. Un poder que no constituye un cheque en blanco, sino la posibilidad de desarrollar las promesas hechas en campaña.
La protesta forma parte de la democracia, precisamente porque esta es imperfecta: los elegidos obtienen poder con escasos mecanismos de control popular y transparencia: deben someterse a un sistema de pesos y contrapesos. Eso, por el lado de los gobernantes. ¿Qué pasa en el otro lado?, ¿qué o quiénes fiscalizan a los sectores que protestan? Los bloqueos —lo hemos debatido y expuesto hasta el cansancio durante décadas— solo perjudican a la población que se siente perjudicada por tal o cual política. No sirven como forma de protesta.
