El Derecho Internacional y los Derechos Humanos son, según la doctrina, complementarios. En la práctica, en Hispanoamérica han sido con frecuencia instrumentos para conservar el poder y recursos dogmáticos para garantizar y defender los privilegios de los que eventualmente detentan el poder.
El Derecho Internacional clásico se fundó sobre la soberanía estatal, la no intervención y el reconocimiento entre estados: El Estado sobre todo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la ONU, es el documento base que enumera 30 artículos de estos derechos, siendo el cimiento del derecho internacional de los derechos humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), en cambio, limita la soberanía, subordinándola a la dignidad humana: El humano sobre todo.
En Hispanoamérica, esta pugna se vuelve crítica porque muchos gobiernos, sean de derecha o de izquierda, han utilizado la soberanía como escudo para violar derechos humanos.
Las dictaduras militares de los años 70, bajo el denominativo de “Plan Cóndor”, usaban la soberanía como impunidad. En el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay, se instalaron bajo el discurso de: seguridad nacional, anticomunismo y defensa del “orden occidental y cristiano”. Para lograr esto, se dieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desapariciones forzadas, la tortura como política de Estado, ejecuciones extrajudiciales y el exilio forzado.
El Derecho Internacional en los años 70 priorizaba la no intervención. La comunidad internacional toleró o silenció los crímenes de lesa humanidad. El “Plan Cóndor” funcionó como un sistema criminal transnacional, con escasa o nula reacción internacional inmediata, es decir que el Derecho Internacional fue cómplice por omisión. La soberanía estatal se impuso sobre la vida humana.
En la década de los años 80-90, tras la caída de las dictaduras, se fortalecieron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH. Se consolidó el principio de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Se relativizó la soberanía frente a la dignidad humana. Este período marcó el máximo avance ético del Derecho Internacional en la región. Hubo un auge en la consolidación de los derechos humanos de primera generación.
Con el Socialismo del Siglo XXI, los derechos humanos se usaron como discurso, no como límite. Este nuevo escenario de autoritarismo en la región tiene una presencia fuerte en Venezuela y Nicaragua; como base histórica en Cuba; Bolivia, en menor grado, durante el gobierno del MAS; en Perú con el gobierno de Ollanta Humala y Pedro Castillo; en Ecuador, en diferentes mandatos, principalmente en el de Rafael Correa, y en Argentina durante el kirchnerismo. Se caracterizan por mostrar atribuirse un discurso de ser “gobiernos populares”, “antiimperialistas” y “defensores de los derechos sociales”.
A diferencia de las dictaduras de los años 70, hay menos desapariciones masivas, pero una mayor criminalización del disenso con el discurso oficial, el uso del sistema judicial como arma, existe una represión selectiva, regulación de la actividad empresarial especialmente con las exportaciones e importaciones, la tenencia de dólares y control de prensa y elecciones.
Estos gobiernos “progresistas” invocan el principio de no intervención cuando son cuestionados, descalifican a la CIDH y a la Corte IDH como “instrumentos del imperialismo” y utilizan selectivamente el discurso de derechos humanos, priorizando derechos colectivos o económicos, en desmedro de los derechos individuales y las libertades civiles y políticas.
En esta perspectiva, ambos modelos, tanto los del “Plan Cóndor” como los “gobiernos progresistas” del Socialismo del Siglo XXI, tienen las siguientes similitudes: El Estado se coloca por encima del individuo; la soberanía se usa como excusa moral; el ciudadano queda atrapado entre discursos ideológicos opuestos, pero prácticas similares; los Derechos Humanos se defienden solo cuando conviene al poder.
En conclusión, se puede afirmar que: Las dictaduras de los años 70, durante el “Plan Cóndor”, violaron brutalmente los derechos humanos. Las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, los erosionan lentamente, bajo apariencia legitimidad y legalidad.
El Derecho Internacional ha pasado de la pasividad a la selectividad, perdiendo autoridad moral en todas las etapas históricas en las que debió prevalecer.
Sin tribunales verdaderamente independientes, ni el Derecho Internacional ni los Derechos Humanos bastan para garantizar una convivencia efectiva y confiable.
No hay ideología que legitime la violación de derechos humanos, y no hay soberanía que valga más que la dignidad humana.
* Es economista.
