El bloqueo de caminos es, a no dudar, la medida de protesta más antidemocrática que puede existir, y Bolivia puede dar fe —con creces— de las perversas consecuencias que ha dejado a lo largo de la historia reciente.
En agosto de 2020, un bloqueo general de caminos, en plena pandemia de covid 19, impidió la llegada de oxígeno a varios hospitales y provocó la muerte de al menos 30 personas que, literalmente, no pudieron seguir respirando.
En la crisis política de 2019, Evo Morales, fugado a México, dejó instrucciones precisas sobre el bloqueo articulado desde el Chapare que debía impedir la consolidación del gobierno de Jeanine Áñez. La instrucción era clara: “que no entre comida a las ciudades”, orden que fue detectada en el teléfono celular de Faustino Yujra, afín al exmandatario que tenía antecedentes por narcotráfico.
Durante los largos y sucesivos gobiernos de Morales, no obstante, hubo pocos bloqueos. Era lógico: el poder estaba en manos de un político y de un grupo de poder fáctico —los cocaleros del Chapare— que conocían perfectamente el daño que habían provocado cada vez que pusieron piedras en el camino.
Sin embargo, también ese presidente tomó de su propia medicina cuando, en agosto de 2016, los cooperativistas mineros bloquearon las principales rutas del país y secuestraron, torturaron y asesinaron al entonces viceministro Rodolfo Illanes, cuyo cuerpo fue abandonado en plena carretera, cerca de la comunidad de Panduro. Una de las muertes más indignas, de una autoridad, que se recuerde en la historia de Bolivia.
Entre 2003 y 2005, Morales tuvo en jaque al gobierno de Carlos Mesa y organizó contundentes bloqueos que duraron semanas y provocaron cuantiosas pérdidas económicas. Incluso llegaron a forzar, por lo menos, una de las renuncias de Mesa a la Presidencia de la República.
También es pertinente recordar el famoso “Plan Pulga”, dirigido por el desaparecido Felipe Quispe. En 2002 provocó una profunda crisis en el gobierno de Hugo Banzer con un bloqueo que marcó el fracaso irreversible de los estados de sitio y que se saldó con decenas de decretos que Banzer tuvo que firmar para que se levanten los miles de toneladas de piedras que estaban desperdigadas en las carreteras.
Como una nueva reedición de los perjudiciales bloqueos, el país lleva días con rutas cortadas. La convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) ha sido acatada, principalmente, por organizaciones sociales que tuvieron una estrecha relación con los pasados gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Dato curioso: cocaleros denunciaron este jueves que eran presionados y obligados a acatar los bloqueos en el trópico de Cochabamba. Según audios difundidos en redes sociales, sus dirigentes habrían impuesto multas a quienes se nieguen a participar en las protestas.
Esta vez protestan contra el Decreto Supremo 5503, aunque unos hablan de abrogación mientras que otros piden simplemente reponer la subvención a los carburantes. Sin importar los motivos, las consecuencias siempre son las mismas: millones de dólares de pérdidas en exportaciones, miles de productores agropecuarios que ven cómo se pudren sus frutos en los caminos, y una cantidad incalculable de personas afectadas caminando kilómetros y kilómetros sin poder llegar a su destino.
Por lo demás, cada vez cobra mayor fuerza la idea de que, en realidad, lo que se busca es debilitar el gobierno de Rodrigo Paz. Y algunos hasta se atreven a especular que el plan se urde desde el Chapare y tiene como fin último que el vicepresidente Edmand Lara asuma el poder. Esta misma autoridad, en uno de sus tiktoks, aceptó que una de sus aspiraciones es ser presidente.
Por fortuna, la vieja dirigencia sindical que se sostuvo durante décadas con prebendas político partidarias parece estar debilitándose. A esta altura de los acontecimientos, pocos bolivianos dudan de que se trata de una minoritaria casta privilegiada que gana millones (el Gobierno reveló las cifras hasta pocos días) a costa del sufrimiento de una mayoría, lo cual le ha restado legitimidad.
