Los denominados “minerales críticos”, de los que comentamos en análisis anteriores, son esenciales para la industria energética, particularmente en la transición hacia fuentes renovables y limpias, ya que forman parte integral de tecnologías como baterías, turbinas eólicas, paneles solares y redes eléctricas.
Entre ellos litio, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, que impulsan la electrificación y el almacenamiento de energía.
En la perspectiva de la industria para 2026: obviamente la demanda incrementó drásticamente debido al crecimiento de vehículos eléctricos (EV) y energías renovables.
Aunque hay nuevos modelos de industrias que van “más allá del litio”, todavía el litio es clave para baterías de almacenamiento, mientras que el cobre se utiliza en infraestructuras de transmisión eléctrica.
En la transición energética, minerales como el cobalto y el níquel son vitales para baterías de alto rendimiento en EV y sistemas de almacenamiento, representando hasta el 60% de los costos en algunas cadenas de suministro.
Tierras raras, como neodimio y disprosio, se emplean en imanes permanentes para turbinas eólicas y motores eléctricos, facilitando la generación eléctrica vía renovable.
Otro ejemplo es el grafito, usado en ánodos de baterías, y el aluminio en estructuras solares. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), estos minerales son componentes esenciales en tecnologías de rápido crecimiento, como paneles solares (que requieren silicio, indio y galio) y redes eléctricas (dependientes de cobre).
Organizaciones como el World Resources Institute destacan que minerales como el níquel y el cobalto son cruciales para construir tecnologías limpias, con ejemplos en baterías para almacenamiento eólico y solar, subrayando la necesidad de cadenas de suministro sostenibles para evitar “cuellos de botella” en la transición global. Vale decir no avanzar en la transición por ausencia de materiales.
Me adscribo a que en 2026 en LATAM se invertirás más de 25.000 millones de dólares en reformar, modernizar, reparar y mejorar las infraestructuras energéticas/eléctricas. Y esas reformas van a necesitar materiales críticos.
La región posee alrededor del 60% de las reservas mundiales de litio y el 46% de la producción de cobre, pero la producción actual está por debajo de su potencial.
El sector privado, liderado por multinacionales de EEUU, China, Canadá y Australia, está incrementando inversiones. Canadá posee el 35% de las minas de minerales críticos en la región (2023), seguido por EEUU (16%), Australia (12%) y China (9,6%).
En litio, Canadá lidera con 42%, China 24% y Australia 20%.
Los países latinoamericanos con mayor potencial para inversiones en minerales críticos, considerando reservas, políticas y oportunidades, son: Chile: líder en cobre (mayores depósitos globales) y litio (cuarto lugar). Políticas nacionalistas equilibradas con atracción de capitales privados externos.
Argentina: Parte del Triángulo de Litio (con >50% de reservas globales compartidas con Bolivia y Chile). Alberga más de la mitad de proyectos extranjeros de litio; políticas abiertas a la inversión, con proyectos de cobre que podrían posicionarla en el top 10 global (793.000 toneladas/año).
Y ahora Bolivia, luego de 19 años de socialismo destructor, se une a este “club de países potenciales”: En el Triángulo de Litio, que necesita un nuevo enfoque de apertura a inversiones privadas.
Brasil: Tercero en reservas de níquel; inversiones en grafito y con políticas que equilibran con China y aliados occidentales.
Perú: Tercero en depósitos de cobre; políticas abiertas (ley de 2021 para litio). Atrae inversiones de múltiples actores, pese a inestabilidad social.
Otros como Ecuador y Venezuela muestran potencial emergente, especialmente Venezuela post-Maduro en níquel y coltán.
Todo ello va de la mano con nuevos conceptos de sostenibilidad, influida por los resultados de la COP30 celebrada en Brasil en 2025, que enfatizó la integración de finanzas naturales y acciones climáticas.
Las políticas regionales combinan esfuerzos estatales para regular y financiar la transformación productiva con inversiones privadas que impulsan la innovación en energías renovables y soluciones climáticas.
