En un contexto de economía informal, es muy común que dos o más negocios que venden las mismas cosas se abran en un solo barrio; incluso uno al lado del otro. Bajo las reglas de la sana competencia, el comerciante que vende más debería ser el que hace las mejores ofertas, pero lo que a veces se advierte es que alguno de ellos desprestigia al otro con el propósito de generar rechazo en los potenciales compradores. A eso se llama competencia desleal, aunque en Derecho tiene un nombre más duro: calumnia.
La competencia desleal, agravada bajo la forma de calumnia, no se limita al plano comercial, sino que se puede advertir en otras actividades. Se comprobó en la semana que termina, cuando un trabajo de seguimiento del diario El Potosí, apoyado técnicamente por la verificadora Chequea Bolivia, logró evidenciar que un operador turístico de Perú había falseado los efectos de la lluvia caída en nuestro país el 1 de enero, solo para desprestigiar a la Villa Imperial.
Como se sabe, ese día cayó una lluvia en varias ciudades y regiones del país provocando efectos de relativa magnitud, aunque el denominador común fueron los anegamientos de calles y algunas viviendas, especialmente en el oriente boliviano. No obstante, los hechos no llegaron, ni siquiera globalizados, al rango de tragedia ya que no hubo daños personales. En Potosí, justo ese día, una fraternidad folklórica salió a bailar celebrando su 40 aniversario. El operador turístico de marras encontró en las redes imágenes de los bailarines bajo la lluvia y armó un video cometiendo una tremenda falta ética: le agregó grabaciones de un grupo de caporales bailando en Huancayo, Perú, en febrero de 2025 y las hizo pasar como si serían parte de una festividad realizada en Potosí a pesar de los “terribles” estragos de las lluvias.
Es difícil afirmar por qué este operador turístico ha emprendido una campaña de desprestigio expresamente contra Potosí, ya que en su cuenta hay otro video difamando al Salar de Uyuni. Lo cierto es que en su cuenta se puede encontrar muchos videos en los que se afirma la supuesta paternidad peruana sobre danzas bolivianas.
Parece un hecho rutinario, y anecdótico, pero no es lo uno ni lo otro: se trata de uno de muchos síntomas de la confrontación cada vez más virulenta entre muchos bolivianos y peruanos por el supuesto robo intelectual en el que incurren estos últimos respecto a elementos culturales de nuestro país, particularmente danzas.
No es un problema menor. El 6 de septiembre de 2022, en una reunión realizada en el entonces Ministerio de Culturas, las asociaciones de fraternidades y conjuntos folklóricos de Bolivia presentaron un documento titulado “Estadísticas Folklóricas” en el que se afirmaba que las fiestas patronales —entre las que están el Carnaval de Oruro, Gran Poder, Urkupiña, Guadalupe, Ch’utillos y San Roque— mueven alrededor de 5.000 millones de dólares al año. Como consecuencia de ese dato, nuestra revista semanal ECOS publicó un reportaje en el que las cifras fueron confirmadas, de manera separada, por los dirigentes de esas festividades. Han pasado más de tres años y esa cifra debió crecer porque fiestas como Guadalupe y Ch’utillos aumentaron de tamaño y fueron inscritas en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Entonces, estamos hablando de una clara disputa económica. Según se puede ver en videos de telenoticiosos peruanos de la época, en la década del ’90 se reportaba, en Perú, los millones que movía el Carnaval de Oruro. Lo que intentan los peruanos, desde entonces, es replicar esa festividad con la que tienen en Puno, en torno a la Virgen de la Candelaria, que también ha sido inscrita en la lista de la Unesco.
No son solo calumnias, sino una cuestión de sobrevivencia.
