Como consecuencia de las negociaciones con la muy criticada Central Obrera Boliviana (COB), el gobierno del presidente Rodrigo Paz ha anunciado la abrogación del Decreto Supremo 5503 que había sido promulgado el 17 de diciembre del año recién pasado con el propósito de establecer y adoptar “medidas excepcionales destinadas a restablecer la estabilidad macroeconómica; recuperar la liquidez interna y fortalecer las reservas internacionales; así como garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, la inversión y el empleo; modernizar, desburocratizar y transparentar la administración pública, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”.
Está claro que estamos hablando de anular completamente la referida norma, puesto que ese es el significado de “abrogación”. Si se habría acordado modificaciones al decreto, o eliminación de algunos de sus artículos, entonces sería una “derogación”, pero, si seguimos la línea de lo anunciado, las cosas no van por ahí.
Abrogar el 5503, tal cual exigía la COB, significa borrar la norma y sus efectos, lo cual sería un retroceso, en lo económico, ya que, en menos de un mes, ese decreto permitió resolver algunos de los problemas más graves de nuestra coyuntura económica: por una parte el desabastecimiento de combustibles y, por otra, la escasez de dólares.
Como se advertía, y se ha demostrado suficientemente tras la vigencia del decreto, la falta de carburantes era el resultado de la subvención, que había degenerado en un esquema corrupto de contrabando y venta en el exterior que infiltró incluso en la propia estatal petrolera. El levantamiento de los precios subvencionados a combustibles como la gasolina y el diésel tuvo el efecto de hacer desaparecer las filas que se habían vuelto parte del paisaje urbano. Ahora el problema está en la escasez del gas licuado de petróleo, que es el que se vende por garrafa, y también es claro que eso se debe a que su precio sigue subvencionado.
La escasez de dólares se ha afrontado con una medida mixta: se mantiene una cotización oficial, regulada; pero se permite variaciones cambiarias con mínimos y máximos. Esto ha evitado que el dólar sigua subiendo en un mercado paralelo incontrolable y, por el contrario, la cotización ha bajado en las últimas semanas y se mantiene casi invariable.
Con estos dos ejemplos, es difícil que la población acepte que el gobierno deje sin efecto las medidas que frenaron el desastre económico que estaba a punto de aplastar a Bolivia. Eso explica que, a tiempo de comunicar la abrogación del 5503, el gobierno haya anunciado que se promulgará otro en el que los ajustes se mantendrán, comenzando del retiro a la subvención y pasando por la consolidación del incremento salarial.
Se habla de retroceso, pero es prematuro afirmar eso hasta no conocer el nuevo decreto. Se supone que esa norma estará consensuada con la COB y los sectores que calificaron de inconstitucionales algunos artículos del 5503, pero tampoco los identificaron con la claridad necesaria. En lo fundamental, el decreto a ser abrogado levantaba medidas, como la subvención, y ofrecía garantías para las inversiones. Estas últimas están entre las criticadas, pero, con una lectura serena, se llegará a la conclusión que, de 121 artículos, solo dos, el 9 y 10, podrían ser tachados de inconstitucionales, puesto que hablan de la firma de contratos sin aprobación parlamentaria. En los demás no hay mucho para discutir.
Por eso es que la abrogación es un paso atrás, pero para dar dos adelante, de inmediato.
Si es así, bienvenido el acuerdo, especialmente porque posibilitará el levantamiento de los bloqueos.
