En virtud a los compromisos asumidos con los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), el Gobierno tiene una nueva agenda que, por el peso de las circunstancias, ya no se parece a la que propuso durante la campaña electoral. Entre los temas que han sido poco discutidos —por no decir postergados— está la de la redistribución de recursos fiscales.
La promesa del “50 y 50” (una redistribución equitativa de los recursos entre el nivel central y las entidades territoriales) había vuelto al debate público al iniciarse el año como una bandera que despertaba expectativas legítimas, pero también recelos bien fundados. No se trata de una consigna nueva ni inocente: toca el corazón del modelo autonómico boliviano y, bien planteada, podría corregir desequilibrios históricos. Mal gestionada, en cambio, corre el riesgo de convertirse en otra promesa grandilocuente destinada a la melancolía política.
El principal problema no es el porcentaje, sino la ausencia de una hoja de ruta clara. Hablar de 50 y 50, sin definir previamente qué competencias se transfieren, cómo se financian y bajo qué mecanismos de control se ejecutarán, equivale a repartir responsabilidades sin herramientas. La experiencia autonómica de los últimos quince años es elocuente: se descentralizaron obligaciones sin recursos suficientes, generando frustración institucional y deterioro de la gestión pública subnacional.
Cualquier discusión seria sobre redistribución fiscal debe partir de un ordenamiento competencial riguroso. ¿Qué funciones debe asumir el nivel central y cuáles las gobernaciones y municipios? ¿Qué servicios deben financiarse localmente y cuáles requieren economías de escala nacionales? Sin este mapa previo, el debate del 50 y 50 se reduce a una pugna política y no a una reforma estructural.
En paralelo, es imprescindible delimitar las fuentes de financiamiento. No todos los ingresos son iguales ni igualmente redistribuibles. Regalías, coparticipación tributaria, impuestos específicos y transferencias condicionadas cumplen funciones distintas y deben responder a criterios técnicos, no solo políticos. Un nuevo pacto fiscal debe garantizar sostenibilidad, previsibilidad y responsabilidad fiscal en todos los niveles del Estado.
Bolivia necesita un nuevo marco de relación fiscal y competencial, acorde a su realidad económica actual y al agotamiento de un modelo extractivo que ya no garantiza abundancia. Pero ese nuevo marco exige algo más que discursos: requiere autoridades dispuestas a asumir plenamente las responsabilidades que reclaman, con capacidad de gestión, transparencia y rendición de cuentas.
El “50 – 50” no puede ser un atajo retórico ni un refugio de promesas incumplidas. Debe ser el resultado final de un proceso ordenado, técnico y políticamente honesto, de lo contrario no fortalecerá las autonomías ni acercará el poder a la gente: solo añadirá una nueva capa de frustración a un Estado ya tensionado.
La descentralización no se mide en porcentajes, sino en capacidades reales. Y eso exige planificación, coraje político y, sobre todo, responsabilidad. Sin ello, cualquier promesa de redistribución está condenada a quedarse en el discurso.
El tema es complejo y, debido al conflicto motivado por los sempiternos bloqueos, parece haber sido puesto en la congeladora.
