Cuando se estudia el Derecho en las universidades bolivianas se dice que las leyes del país son de avanzada y, debido a ello, causa desconcierto que no hayan ayudado a construir una nueva sociedad.
Lo que pasa en el país es que esas leyes no han sido aplicadas con el espíritu con el que fueron redactadas. Muchos de quienes llegaron al poder no resistieron la tentación de torcer las leyes hacia el lado que les convenía.
Izquierdistas y derechistas, revolucionarios y conservadores, progresistas y neoliberales… no importa cuál sea su denominativo, hicieron de la legislación un instrumento más en su afán de conservar el poder; pero, eso no quiere decir que aquella sea mala.
Si el Órgano Judicial no hubiera estado tan sometido al poder político, la mayoría de los fallos de la justicia habría ayudado a poner las cosas en su sitio. Si alguien causó un daño, debía ser castigado, y si el daño se hubiera cometido en el ejercicio de la función pública, entonces el responsable tendría que haber sido alejado de ella para siempre.
Un ejemplo de lo que ocurre cuando se respeta la ley es el caso de la Minera San Cristóbal. Se trata de una empresa privada que, desde que comenzó a constituirse, optó por seguir las reglas bolivianas y los resultados obtenidos son más que satisfactorios.
Los primeros empresarios que llegaron al país con el propósito de explotar esos yacimientos de plata a cielo abierto acataron las leyes y hasta iniciaron un proceso de negociación con la comunidad que iba a resultar directamente afectada. Los primeros acercamientos se dieron a fines del siglo XX y el proyecto comenzó a ejecutarse recién en 2007. Para entonces, la empresa ya había cambiado de propietarios y volvería a hacerlo a lo largo de su funcionamiento. Hace poco, la transnacional japonesa que lo estuvo explotando en los últimos años vendió sus acciones a un consorcio canadiense. El cambio de dueños no motivará modificaciones en el manejo de la empresa, pues funciona bien.
En lo que al país le concierne, San Cristóbal es una empresa que cumple con todas las leyes que tienen que ver con sus actividades: tributarias, comerciales, laborales y de seguridad social. Las regalías que paga están entre las más altas y son las mayores que Potosí ha percibido en su historia.
Al otro extremo se encuentran las pequeñas empresas privadas que funcionan en el rubro de la minería con el nombre de cooperativas. Estas dependen de los favores que vayan a recibir del poder, y su primera infracción es usar una denominación que nos les corresponde.
Una cooperativa es un conjunto de personas que arriesgan su capital por igual para percibir beneficios en la misma medida, pero las entidades que funcionan con ese nombre en el país son meros emprendimientos de unas pocas personas que, por eso mismo, perciben la mayoría de las utilidades. Para maximizar sus ganancias, reducen sus inversiones, lo que hace que incumplan la legislación laboral. Ahí tenemos, entonces, dos ejemplos del país que tenemos: por una parte están las empresas que cumplen con la ley, y no se inmiscuyen en la política partidaria, y por otra aquellas que trabajan coludidas con el poder, con el fin de que este no les obligue a cumplir la legislación. Si le prestáramos más atención a los buenos resultados de las primeras, entenderíamos que nuestras leyes no son malas, pero, lamentablemente, nuestros gobernantes están demasiado ocupados en mantener sus relaciones, para permanecer en el poder. No tienen tiempo para ver lo que funciona bien.
