En la segunda mitad de 2022, las noticias que daban cuenta de sendas sentencias condenatorias por corrupción pasiva y lavado de dinero, dictadas contra Luiz Inacio Lula da Silva y Ollanta Humala y su esposa, por los órganos judiciales de Brasil y Perú respectivamente, conmocionaban el escenario político y económico latinoamericano.
De entonces a la fecha, muchas cosas han cambiado y Lula no solo dejó la cárcel, sino que volvió a ser elegido presidente de su país, cargo que desempeña en la actualidad. En contrapartida, otro exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, guarda detención domiciliaria. En ambos casos, las acusaciones parten de actos de corrupción que no han sido del todo dilucidados. Más aún, dados los antecedentes sobre los alcances de la trama de corrupción que desde el núcleo de la empresa Petrobras se extendió, a través de la constructora Odebrecht, por todo el continente sudamericano, los efectos multiplicadores del escándalo envolvieron a varios países de la región.
Los ejemplos de Brasil, matizados por los rasgos ideológicos de los dos expresidentes mencionados, no son únicos, sino todo lo contrario. Justificadamente o no, las acusaciones de corrupción se han convertido en un rasgo predominante en varios países del mundo. Dependiendo de la manera como cada país afronte el asunto, las consecuencias pueden ser más o menos negativas o positivas.
Negativas, porque el golpe asestado contra la confianza de la ciudadanía hacia el sistema político puede ser devastador. En el caso de Brasil, porque Lula da Silva fue —y sigue siendo— todo un símbolo de esperanza para buena parte del pueblo brasileño que depositó en él y en el Partido de los Trabajadores su confianza. Esto mismo le dio al sistema político y a la economía brasileña una solidez que hoy está perdiéndose a un ritmo muy acelerado. Algo similar puede decirse de Perú.
Los potenciales efectos negativos del escándalo se multiplican si se considera que son once los países latinoamericanos cuyos principales líderes políticos y empresariales fueron sometidos a investigación y acusados bajo la atenta mirada de sociedades agobiadas por décadas de desengaños y frustraciones.
Sin embargo, y por paradójico que parezca, hay también motivos para ver un potencial positivo en esta crisis. Es que, según cómo se la afronte, puede convertirse en una buena oportunidad para que cada país en particular, y Latinoamérica en general, reúna el valor suficiente para encarar el problema de la corrupción en su real magnitud, para lo que sería necesario un esfuerzo de similares proporciones.
Para que eso ocurra, una primera condición es que los sistemas judiciales de cada país se ganen la confianza de sus respectivos pueblos. Urge que cada proceso judicial sea una oportunidad para que den claras muestras de independencia y transparencia.
Es también necesario que los líderes políticos, independientemente del lugar que ocupen en las filas del oficialismo o de la oposición, se pongan por encima de las pugnas coyunturales y hagan causa común alrededor de la recuperación de la confianza de la gente.
Y en vista del lugar protagónico que ocupan empresas públicas y privadas, y habida cuenta de los efectos negativos del escándalo Odebrecht sobre la economía de toda la región, es también imprescindible que los líderes empresariales comprendan que de ellos también depende la manera como se afronte la crisis y, en gran medida, su propia salud financiera.
