Bolivia es un país que solo logra consensos cuando el dolor es compartido. En 1985, la hiperinflación no solo vació los bolsillos, disciplinó a la sociedad. El Decreto Supremo 21060 fue rechazado por los sindicatos, pero aceptado a regañadientes por una población que había entendido que no había alternativa. El ajuste no fue popular, fue inevitable. El trauma colectivo fue tan profundo que generó un pacto implícito entre actores históricamente enfrentados, desde la COB hasta sectores obreros y campesinos. Cuarenta años después, Bolivia atraviesa una crisis económica evidente, pero no terminal. Y esa diferencia lo cambia todo: sin colapso no hay cohesión, sin miedo no hay acuerdo, sin abismo no hay decisión.
La coyuntura actual se parece a una lección inconclusa. No hay hiperinflación galopante, pero sí desabastecimiento crónico de combustibles, reservas internacionales exiguas y un déficit fiscal que estrangula al Estado. A ello se suman factores externos que el país no controla: la caída sostenida de los precios del gas, la lenta y conflictiva explotación del litio, la creciente dependencia comercial de China y los efectos del cambio climático sobre la agricultura, especialmente en el altiplano y los valles. La economía se deteriora lentamente, lo suficiente para incomodar, pero no para forzar consensos. Bolivia sigue atrapada en esa zona gris donde la crisis es estructural, pero aún no pedagógica.
Las elecciones generales de 2025 evidenciaron la ambigüedad política de Bolivia. La victoria de Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara no representó un proyecto económico claro, sino la consagración de la indefinición. Ganaron con un discurso de centro, complementado con guiños populistas que calmaron al área rural y a los barrios periurbanos, donde el legado neo estatista del MAS sigue presente, aunque con matices. No todos los sectores rurales son homogéneos: conviven campesinos empobrecidos, comunidades indígenas con demandas históricas y cooperativistas mineros con intereses propios, a veces contradictorios. La población votó más por la continuidad emocional de un modelo que prometía protección estatal que por reformas o ajustes financieros.
Esa indefinición se tradujo rápidamente en la práctica gubernamental. Una vez en el poder, el presidente Paz giró hacia políticas de ajuste que, en términos técnicos, podrían calificarse sin dificultad como de derecha: contención fiscal, eliminación progresiva de subvenciones a los hidrocarburos y un intento de reordenar las bases del modelo económico. Sin embargo, ese giro no estuvo acompañado de un relato político honesto. El Gobierno ajustó sin decir que ajustaba, aplicó correcciones sin asumir su costo simbólico y evitó confrontar de frente el mito fundacional del modelo heredado del MAS.
El conflicto de enero, con bloqueos y presión sindical en decenas de puntos del país, fue una prueba de esa fragilidad. En el corto plazo, el Gobierno ganó: desinfló una crisis que amenazaba su imagen y su gobernabilidad, y evitó que la conflictividad contaminara las elecciones subnacionales. Pero en el mediano y largo plazo quedó expuesta una verdad incómoda: el poder del Ejecutivo no es tan sólido como parecía y los movimientos sindicales, campesinos y cooperativistas no solo no están debilitados, sino que están fragmentados, con disputas internas, tensiones étnicas y agendas sectoriales que dificultan cualquier acuerdo nacional duradero. Bolivia no tiene un gobierno fuerte; tiene un gobierno que resiste, negocia y retrocede.
Desde el ángulo económico, el balance es igual de ambiguo. El Ejecutivo logró preservar la esencia de su plan de estabilización, particularmente en la reducción de subvenciones, una medida imprescindible, aunque políticamente tóxica. Pero no pudo avanzar en los pilares estructurales del nuevo modelo que intentó inaugurar mediante el DS 5503. El blindaje a la inversión privada extranjera por 15 años, el fortalecimiento del Banco Central de Bolivia y el régimen de inversiones fast track naufragaron frente a la resistencia social y política.
El artículo 10 del DS 5503, que abría la puerta a la participación de transnacionales mineras, encendió alarmas inmediatas entre cooperativistas y trabajadores del sector estatal. Poco importó que la minería boliviana carezca de capital, tecnología y escala para sostenerse por sí sola. El reflejo histórico de desconfianza hacia el capital extranjero volvió a imponerse, reforzado por una memoria colectiva de expoliación y desigualdad. En Bolivia, la necesidad de dólares convive con el rechazo visceral a quienes podrían traerlos.
En el ámbito laboral, el error fue aún más profundo. La declaratoria de emergencia económica otorgaba al Órgano Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar medidas excepcionales, incluyendo procesos de optimización de personal y congelamiento salarial. En un país marcado por abusos históricos bajo estados de excepción, la palabra emergencia genera más temor que la inflación. El retroceso hacia el DS 5516 fue una corrección política necesaria, pero también una admisión de debilidad.
El problema de fondo es más profundo que un decreto abrogado. El modelo económico del MAS está agotado financieramente, pero sigue vivo culturalmente en algunos sectores y zonas del país. No solo por inercia, sino porque durante más de una década redujo la pobreza, amplió el acceso al consumo y otorgó reconocimiento simbólico a sectores históricamente excluidos, especialmente a los pueblos indígenas. Esa combinación de redistribución material y dignidad política explica por qué el modelo persiste como fe, incluso cuando ya no puede sostenerse.
Bolivia se encuentra en una situación complicada, con un choque claro entre lo que es real y lo que la gente espera. Ajusta sin consenso, gobierna sin hegemonía y discute un modelo que ya no puede financiarse, pero que sigue siendo emocionalmente dominante en algunos sectores principalmente rurales. No está viviendo su 1985 porque aún no ha tocado fondo. Y mientras ese fondo no llegue, el país seguirá atrapado en la ambigüedad: demasiado deteriorado para sostener el pasado, pero no lo suficientemente golpeado como para aceptar el futuro.
* Es investigador y analista socioeconómico.
