Desde que dejó el poder, el expresidente Evo Morales ha sido acusado de la supuesta comisión de delitos como sedición, terrorismo, usurpación de funciones, fraude electoral, sedición militar, genocidio, delitos contra la salud pública, estupro, abuso sexual y trata y tráfico de personas. La respuesta de él frente a esos cargos ha sido, invariablemente, que las acusaciones forman parte de una guerra sucia que busca evitar que vuelva a la presidencia, un objetivo que, de ser cierto, habría tenido éxito hasta la fecha.
Gracias a una intrincada red de influencias, y equipos de abogados, Morales logró sortear la mayoría de los casos abiertos por esas denuncias, pero hay tres presuntos delitos que no han sido aclarados: los que habría cometido contra dos mujeres con quienes mantuvo relaciones cuando estas eran menores de edad, así que aplica la calificación de estupro, que es el delito que comete “quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de catorce y menor de dieciocho años”.
En el palmarés del exgobernante hay varios récords, incluido el del presidente que más tiempo desempeñó el poder de manera continua, pero también está la cantidad de acusaciones en su contra que; sin embargo, no han derivado en detención alguna. En la lógica jurídica, cuando un ciudadano es acusado de la comisión de delitos, debe presentarse ante la justicia para demostrar su inocencia. Evo no ha acudido a ninguna convocatoria judicial ni del Ministerio Público, pero sigue libre, hasta hoy, cuando crece la sospecha de que ha vuelto a huir del país y eso incrementa la sensación de impunidad. Hasta el momento, el mensaje es que la justicia es para los débiles puesto que los poderosos pueden burlar a la ley.
Tanto en su campaña electoral como al asumir la conducción del país, el presidente Rodrigo Paz ha prometido justicia e igualdad ante la ley. Uno de los mensajes más fuertes en ese sentido fue la detención del expresidente Luis Arce, pero los sucesos recientes introducen nuevos elementos de juicio al respecto.
Para empezar, se debe tomar en cuenta el hecho de que Arce se había convertido en el principal enemigo de Evo Morales, no solo por haberlo alejado del poder, que él quería seguir ejerciendo aun sin tener el derecho para ello, sino también por haberle arrebatado la sigla con la que el líder cocalero y su gente pudieron haber participado en las elecciones de 2025 y en las que están previstas para marzo de este año. Con ese simple dato, es obvio que uno de los más contentos por el encarcelamiento de Arce es Morales y hasta podría decirse que Paz le hizo un favor con esa jugada.
Exceptuando el caso de Arce, lo que se puede ver, hasta la fecha, es que las personas que han sido aprehendidas por la supuesta comisión de delitos de corrupción son mandos medios mientras que las cabezas disfrutan su libertad o bien, pese a la prohibición expresa, dejaron el país, como es el caso del expresidente de YPFB, Armin Dorgathen.
Lo que se ve, entonces, es que la ley del embudo sigue aplicándose en el país pese a los reiterados anuncios de las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, Romer Saucedo y Roger Mariaca, respectivamente. Desde luego, sabemos que esas instituciones estatales no son las encargadas de ejecutar aprehensiones, pero se debe recordar que tienen tuición sobre el accionar de la Policía Boliviana.
¿Sigue la protección estatal a poderosos? Esa es la pregunta que muchos se hacen al haber estallado el escándalo por la introducción de 32 maletas al país en un obvio caso de tráfico de influencias supuestamente ejercido por la exdiputada Laura Rojas que hace poco estuvo entregando distinciones a autoridades que administran justicia y ahora guardan silencio sobre este caso.
