Las contrataciones directas fueron una característica fundamental del modelo de administración estatal del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante sus casi 20 años de gobierno. Inevitablemente, estas autorizaciones conducen a la corrupción en la gestión pública, ya que constituyen una forma abusiva y discrecional de disponer de los recursos públicos, por lo que las autoridades actuales deben revisarlas y corregirlas para evitar que corroan la actual y futuras gestiones de gobierno.
En enero de 2019 presenté, en mi condición de Senador del Estado, un informe titulado “Contrataciones directas: facilitando la corrupción”, en el que analizaba las 107 normas, 94 decretos y 13 leyes que se habían promulgado desde la llegada de Evo Morales y el MAS al poder en enero 2006, autorizando contrataciones directas. Prácticamente, todos los grandes casos de corrupción que se presentaron en las tres gestiones de Evo Morales estuvieron vinculados a estas contrataciones directas.
Hasta el momento de la presentación del referido estudio, las contrataciones autorizadas hasta ese momento superaban los 10 mil millones de bolivianos, lo que equivalía a más de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, ese cálculo solo contemplaba aquellas contrataciones que especificaban el costo del proyecto; había muchas otras disposiciones que simplemente autorizaban sin definir una cuantía, por lo que el monto real debe ser mucho mayor, y todavía se deben fiscalizar las autorizaciones que se hayan promulgado al respecto en la gestión 2020-2025.
Peor aún, mediante otras normas se definió que a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas se les permitía efectuar contrataciones directas vinculadas a su giro empresarial, con lo cual, de acuerdo con su propia interpretación, podían utilizar esta modalidad como la regla general para la contratación de bienes y servicios.
Consecuentemente, se fue ampliando el número de empresas que se definían como “estratégicas”, puesto que lo único que buscaban era gozar de la discrecionalidad que les daba esta categorización para comprar y contratar sin mayor transparencia ni competencia abierta y publica entre los oferentes y proveedores. Obviamente, de esta forma se fueron creando empresas afines al gobierno de turno, muchas de las cuales se creaban con la única finalidad de venderle a una u otra entidad o empresa pública. Esta modalidad del uso generalizado de las contrataciones directas en la gestión pública no se limitó a las empresas estatales, sino que muchas otras entidades fueron autorizadas también a utilizarlas ilimitadamente. Por ejemplo, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que administraba el programa “Bolivia Cambia”, hasta el 2017, cuando presenté una investigación al respecto, ya había autorizado este tipo de operaciones por un monto que superaba los 9.600 millones de bolivianos.
Es muy importante destacar que en las normas básicas de contrataciones del sistema de bienes y servicios se especifican claramente cuáles son los objetos para los cuales se puede contratar directamente, los que tienen carácter excepcional en la gestión pública, además de las situaciones de emergencia que se hubieran declarado siguiendo los procedimientos correspondientes.
En realidad, si alguien quisiera investigar la corrupción de las gestiones del MAS, tendría en el análisis de las contrataciones directas que se realizaron bajo las 107 normas identificas, y las que se emitieron posteriormente, la mejor hoja de ruta para procesar a los responsables, así como realizar las gestiones judiciales para que se recuperen los recursos que favorecieron indebidamente a quienes se enriquecieron con este tipo de prácticas corruptas. Sin embargo, lo más importante será evitar que la corrupción siga perpetuándose como un elemento casi normal de la administración publica boliviana. Para ello es fundamental que se revisen y corrijan todas estas normas para garantizar la competencia abierta y pública en las contrataciones públicas.
Igualmente, se debe asegurar la transparencia en estas contrataciones brindando la correspondiente publicidad en las mismas, usando los medios digitales. Todos los ciudadanos deberíamos poder conocer, mediante la consulta digital, las características de cada proceso de contratación, lo cual debería aplicarse a las entidades públicas de los tres niveles del Estado. Con esto no solo tendríamos como fiscalizadores a los representantes electos por el voto popular, sino que todos los ciudadanos podrían coadyuvar a la lucha contra la corrupción mediante el escrutinio público de estos procesos.
