Recién iniciado el segundo mes del año, febrero, una de las épocas más esperadas por la población, es menester reflexionar sobre la fiesta que reúne a los bolivianos para celebrar la tradición, la música y la cultura. La algarabía colectiva, replica una realidad difícil de ignorar: el considerable incremento de delitos y hechos de violencia que se ensañan con la integridad de nuestras familias y la tranquilidad de nuestra población. Desde el Ministerio Público vemos con preocupación que las estadísticas de la fiesta carnavalera reflejan de manera recurrente cifras alarmantes y, con ello, historias grabadas por el luto, la tragedia y el dolor, traducidas en pérdidas humanas, violencia y otros delitos que dejan marcadas a familias íntegras.
Y no se trata de alarmar ni de asumir una postura agorera, basta recordar los datos oficiales: en el Carnaval 2023 se atendieron 107 denuncias de hechos delictivos; una gestión después, la cifra aumentó a 124 casos, de los cuales, los hechos violencia familiar y lesiones fueron los más recurrentes, además de cinco fallecimientos que conoció la Fiscalía de Chuquisaca. Asimismo, en la gestión pasada se registraron 91 casos, referidos a delitos de violencia familiar lesiones, hurtos, robos y accidentes de tránsito, en ese orden, con un total de cuatro personas muertas. Más allá de reflejar la estadística marcada por la pérdida de vidas, debemos reflexionar que el Carnaval es, sin lugar a dudas, un periodo de alta conflictividad social de consecuencias familiares, comunitarias y penales que quebrantan a nuestra sociedad.
Por eso la importancia de recapacitar al inicio del Carnaval, considerando que detrás de la mayoría de estos hechos delictivos se identifica una constante recurrente: el desmedido consumo de bebidas alcohólicas que deriva en una cadena de acontecimientos que socaba la paz social y la integridad del seno familiar. Este factor detonante origina discusiones que derivan en agresiones, manifestaciones de intolerancia que degeneran en violencia, y conductas irresponsables que transforman lo que debería ser una celebración de reencuentro, cultura y alegría en escenarios marcados por denuncias de violencia doméstica, lesiones, delitos patrimoniales e incluso la pérdida irreparable de amigos o conocidos. La realidad supera ampliamente a los números cuando los fiscales en el ejercicio de nuestras funciones evidenciamos hogares fragmentados, víctimas revictimizadas y poblaciones vulnerables expuestas a entornos de alto riesgo, desprotección y violencia.
Nuestro rol como Ministerio Público es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad mediante el ejercicio de la acción penal pública, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado, que nos confiere la misión de velar por el respeto a los derechos fundamentales, la seguridad jurídica y la convivencia pacífica. En ese marco, investigamos, procesamos y ponemos a disposición de la autoridad jurisdiccional a quienes cometen hechos delictivos, promoviendo la aplicación de la sanción correspondiente cuando el daño ya ha sido consumado, en resguardo de los derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad humana y la seguridad ciudadana, sin embargo, más allá de la respuesta institucional enmarcada en nuestro mandato constitucional, alarma profundamente la persistencia de prácticas culturales arraigadas en amplios sectores de la sociedad chuquisaqueña y boliviana, que tiende a normalizar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas como parte de la celebración, sin dimensionar las consecuencias personales, familiares y sociales que, lamentablemente, se evidencian al momento del balance final.
En este entramado festivo, frecuentemente marcado por escenarios de descontrol, se presentan además hechos previsibles como robos en domicilios temporalmente deshabitados por familias que participan activamente de las festividades; reiterados hurtos en espacios de alta concentración de personas; riñas en vía pública; lesiones y muertes por accidentes de tránsito ocasionados por conductores y transeúntes en estado de ebriedad; y, en general, situaciones que pueden ser evitadas mediante conductas responsables y prudentes. Por ello, la prevención ya no puede continuar siendo un discurso abstracto o meramente declarativo, sino que debe consolidarse como una práctica efectiva y sostenida, que involucre de manera corresponsable a autoridades públicas, organizadores de eventos y comparsas, juntas vecinales y educativas, y, fundamentalmente, a cada ciudadano y ciudadana chuquisaqueños.
Celebrar no debe traducirse en exponer la vida propia ni la de los demás y mucho menos de la familia. La Fiscalía Departamental de Chuquisaca ratifica su compromiso de proceder con firmeza ante al delito, pero ante todo llama a reflexionar colectivamente bajo la premisa que prevenir es mejor que sancionar.
Si entre todos asumimos una responsabilidad compartida y cambiamos nuestros hábitos de exceso y desenfreno, disfrutaremos de una fiesta con alegría, equilibrio y respeto, sin que la resaca del festejo se convierta en luto para las familias.
* El autor es Fiscal Departamental de Chuquisaca
