El calendario electoral está nuevamente en marcha y con él reaparecen los viejos reflejos de la política boliviana. A poco más de un mes de las elecciones subnacionales, las redes sociales empiezan a llenarse de anuncios rimbombantes, videos editados al milímetro, promesas ingeniosas y ocurrencias diseñadas más para viralizarse que para gobernar. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más evidente y preocupante.
El país no ha salido de la crisis económica en la que lo hundió el masismo. La escasez de hidrocarburos y la conclusión de la era del gas ha establecido un nuevo panorama nacional que, al bajar a los niveles subnacionales, tiene peculiaridades propias de cada región. Por eso, pese al cambio de gobierno —y a sus implicaciones políticas— todavía se habla de crisis, ajuste fiscal encubierto y las redefiniciones pendientes sobre el rol del Estado y de los departamentos. Pretender enfrentar este escenario con slogans simpáticos o promesas aisladas no solo es insuficiente, sino irresponsable.
Una elección subnacional debería ser, ante todo, un ejercicio de diagnóstico. ¿Cuál es hoy la situación financiera real de los departamentos? ¿Qué margen de maniobra tienen las gobernaciones, con las competencias y recursos actuales? ¿Qué políticas pueden sostenerse en el tiempo y cuáles dependen de decisiones que se toman en La Paz?
Gobernar no es animar redes sociales, implica priorizar, decir verdades incómodas y asumir límites. Implica también articular con los municipios, con el sector privado, con las universidades y con la sociedad civil, en lugar de ofrecer soluciones mágicas que no resisten el primer contraste con la realidad presupuestaria.
El populismo, en cualquiera de sus versiones, suele prosperar en contextos de hartazgo y desconfianza. Debido a esos defectos, las regiones ya han pagado suficientemente caro el costo de las decisiones improvisadas y de los proyectos sin sustento técnico. Lo que se necesitan son planes claros para diversificar la economía, proteger el territorio, mejorar servicios básicos y generar empleo digno, no catálogos de promesas diseñadas para una campaña corta.
En el plano municipal, el desafío es todavía mayor porque los problemas que parecen pequeños son, en realidad, los mayores. El crecimiento del comercio informal está ligado a la situación económica del país. Ante la falta de empleos formales, muchos buscarán fuentes de ingreso; en ese sentido, el comercio se presenta como una oportunidad efectiva para conseguir recursos. Si crece —más todavía—, su formalización se volverá imposible.
La tarea largamente pendiente de tener mercados ordenados y con espacios para peatones y vehículos ha dejado al descubierto la agudización de este problema, pues no existe un plan para ordenar el comercio formal y el informal.
La ciudadanía también tiene un rol que cumplir. Exigir propuestas de fondo, comparar programas, preguntar por el cómo y no solo por el qué. Premiar la seriedad por encima de la ocurrencia. Porque votar no es aplaudir una idea simpática, sino delegar poder para gestionar recursos escasos y tomar decisiones complejas.
Las elecciones del 22 de marzo se constituyen en una oportunidad para elevar el debate, no para empobrecerlo. Ojalá los candidatos estén a la altura del desafío y entiendan que las regiones no necesitan más fuegos artificiales, sino liderazgo, conocimiento y responsabilidad. El tiempo del espectáculo debería dar paso —de una vez— al tiempo de las propuestas serias. Se trata, entonces, de una nueva oportunidad para la clase política.
