El cierre del plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas ha revelado una realidad cada vez más evidente: las organizaciones políticas presentan una lista inicial que es irreal, con nombres de candidatos que no han sido decididos como tales, y solo confirman las verdaderas cuando tienen que sustituirlas. Ahorrando adjetivos, hay que apuntar que, cuando menos, se trata de una muestra de irresponsabilidad.
Cada ciclo electoral vuelve a desnudar una contradicción que Bolivia no ha resuelto: proclamamos la democracia como principio irrenunciable, pero toleramos —y a veces diseñamos— normas que limitan la competencia real, desalientan la participación y reducen las elecciones a un trámite administrado desde escritorios.
Las elecciones de gobernadores y alcaldes deberían ser el momento más cercano entre la ciudadanía y el poder. En el municipio y en el departamento se vive el Estado de manera concreta: en la calle, en la escuela, en el hospital, en el empleo. Sin embargo, el marco normativo vigente ha ido acumulando requisitos, plazos, porcentajes y formalismos que, lejos de fortalecer la democracia, terminan operando como filtros excluyentes que favorecen a estructuras consolidadas y castigan a las expresiones emergentes.
¿Hasta cuándo defenderemos la improvisación y el desorden? La regulación es necesaria para garantizar transparencia, equidad y legalidad. El problema aparece cuando la norma deja de ser garantía y se convierte en barrera, cuando el debate político se desplaza del proyecto y las ideas hacia la interpretación reglamentaria, cuando una candidatura se define más por la habilidad jurídica que por el respaldo ciudadano.
En los últimos años se ha visto cómo agrupaciones ciudadanas, liderazgos locales y propuestas independientes quedan fuera de carrera por errores administrativos menores, exigencias desproporcionadas o interpretaciones restrictivas de la ley. El resultado es una oferta electoral empobrecida, previsible y cada vez más distante de una ciudadanía a la que, paradójicamente, después se acusa de apática.
La democracia no se fortalece reduciendo sino ampliando opciones. No se consolida blindando a los actores tradicionales, sino permitiendo que nuevas voces compitan en igualdad de condiciones. En contextos de crisis de representación —como el que atraviesa Bolivia— cerrar el sistema es una receta segura para profundizar el desencanto y la deslegitimación institucional.
En el plano subnacional, esta discusión resulta aún más urgente. Gobernaciones y alcaldías concentran hoy competencias clave en desarrollo productivo, planificación territorial y servicios básicos. Limitar la competencia política en estos niveles es hipotecar la posibilidad de innovación, control social y renovación de liderazgos desde abajo.
Revisar con honestidad el diseño electoral, simplificar requisitos, armonizar plazos, garantizar acompañamiento técnico real a nuevas organizaciones y asegurar que los órganos electorales actúen como árbitros imparciales, y no como guardianes del sistema, está todavía pendiente. La ley debe ordenar la competencia, no decidir quién puede competir.
Premiar la participación ciudadana no es un gesto retórico, sino una necesidad democrática. Para tener autoridades legítimas se necesitan elecciones abiertas, competitivas y accesibles para la gente común. Lo contrario —una democracia llena de candados— deriva en quietud forzada, y, tarde o temprano, esa quietud se rompe.
Llevamos años viviendo una democracia que el electorado entiende mejor que las organizaciones políticas.
