En el peor año de la crisis de divisas que se recuerda en décadas, el sistema financiero nacional registró utilidades históricas: 540 millones de dólares en 2025, un 42,3% más que el año anterior. Eso ocurría mientras las familias hacían filas ante cajeros sin efectivo, el combustible escaseaba y el dólar se convertía en un bien incierto.
La ley no prohíbe ganar dinero, tampoco distribuir dividendos al exterior cuando la estructura accionaria así lo determina. Pero la discusión de fondo no es estrictamente legal sino ética, económica y política. En un momento en el que el país atraviesa por tensiones severas de liquidez y confianza, con restricciones para el acceso a los dólares ahorrados por los bolivianos, cabe preguntarse si el sistema financiero está haciendo todo lo posible por arrimar el hombro y cooperar en el objetivo común de superar la crisis.
Los datos publicados por la ASFI muestran que parte sustantiva de esas utilidades provino de ingresos no recurrentes vinculados a transferencias y comercio exterior, en un contexto de fuerte diferencial cambiario. El arbitraje fue rentable. Sin embargo, la economía real —la de productores, comerciantes y trabajadores en general— operó bajo un escenario de encarecimiento, incertidumbre y pérdida de poder adquisitivo.
El sistema financiero boliviano se nutre fundamentalmente del ahorro interno, es decir, de los recursos que los trabajadores depositan en la Gestora Pública para cobrar su pensión en el futuro, que, por cierto, suele ser de montos por poco miserables. Los fondos de pensiones mantienen una exposición significativa a instrumentos bancarios, incluidos bonos subordinados, sin garantías de mantenimiento de valor ni posibilidades de participación.
No se trata de demonizar a la banca. Un sistema financiero sólido es condición indispensable para cualquier proceso de recuperación económica, pero solidez no es sinónimo de indiferencia. Y en tiempos extraordinarios se requieren conductas extraordinarias. Si el país enfrenta fuertes restricciones externas, si la confianza es un bien escaso, ¿corresponde mantener intacta la lógica habitual de distribución de utilidades o se debería priorizar la capitalización interna, el fortalecimiento patrimonial y la protección explícita del ahorro previsional?
La Constitución y las leyes reconocen la prioridad de los derechos laborales. Si los fondos de pensiones financian al sistema, resulta razonable discutir si la distribución de dividendos debería condicionarse, en contextos críticos, al cumplimiento estricto de obligaciones con esos fondos y a la preservación de su valor real. Pero lo que se ha visto, a la luz de los datos referidos, es que un buen porcentaje de esos recursos fue a parar a otros países.
Bolivia, más aún en los tiempos que corren, necesita responsabilidad compartida. El gobierno de Rodrigo Paz debe revisar marcos regulatorios que hoy permiten una aritmética que socializa riesgos y privatiza beneficios y los reguladores, ejercer control efectivo y garantizar información pública oportuna. Por su parte la banca, que ha demostrado capacidad para generar utilidades incluso en la adversidad, tiene que demostrar liderazgo y compromiso con la estabilidad nacional.
La crisis pasará y la memoria social sobre quiénes contribuyeron a superarla también quedará.
