Conseguir una ficha de atención en los servicios de salud de Sucre, capital constitucional de Bolivia, no siempre es el inicio del alivio de una dolencia, sino el comienzo de otros contratiempos. Al entrar a un consultorio, el asegurado en la CNS ya tuvo que enfrentar una serie de escenas que se han vuelto tristemente habituales, desde el hecho de salir de casa de noche o de madrugada, al margen del gasto que significa en transporte, soportar frío, lluvia, incomodidad y cansancio; perder horas de sueño, dejar de trabajar o mandar a familiares a hacer fila “por si acaso” y en condiciones infrahumanas, a la intemperie en afueras de la infraestructura del sistema de salud pública de segundo y tercer nivel, principalmente. Y, aun después de ese sacrificio, muchas veces llega la noticia más inclemente: “ya no hay fichas”. Entonces, lo que queda es intentar una y otra vez…
Lo que debería ser un mecanismo de orden administrativo termina constituyéndose en una barrera de acceso a la salud: es una experiencia indignante de lucha por conseguir una ficha de atención médica, de indignidad que golpea a personas enfermas. Pese a aportar sagradamente al sistema, los pacientes deben disputar un cupo como si la atención médica fuera un favor y no un derecho fundamental, soportando el mal genio y el maltrato de algún personal que no falta en las instituciones públicas.
Esta situación no puede reducirse a una anécdota ni a un “problema de siempre”. Cuando un sistema obliga a la población a competir por fichas limitadas, castiga más duramente a quienes menos posibilidades tienen de resistir la espera y desesperación del enfermo crónico, el paciente anciano, la madre con hijos pequeños, el trabajador formal o informal, el familiar que cuida a otro y debe sacrificar su tiempo para asegurar una consulta.
En la práctica, no accede primero quien más necesita, sino quien puede pagar o madrugar más, aguantar más o disponer de algún familiar que haga fila en su lugar. Esa lógica convierte la enfermedad en una carrera de resistencia y traslada al paciente el costo humano de la ineficiencia y la burocracia institucional.
Esta realidad contradice radicalmente cuando se contrasta con el marco jurídico boliviano: la Constitución Política del Estado establece que, en todos sus niveles de gobierno, protegerá el derecho a la salud y promoverá políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el acceso a los servicios de salud. Y en ese marco existen varias leyes y decretos, como la Ley Nº 475, la Nº 1069, la Nº 1152 y el DS Nº 1984 y otros. Es decir, no carecen normas relativas a la salud sobre acceso, equidad y protección, lo que falta es que esa promesa legal se traduzca en experiencia concreta y real para los ciudadanos que la requieren.
En este contexto, el problema deja de ser solo de salud y se torna social y político, por lo que es necesario abordarlo en esa perspectiva. Escenario propicio el proceso de elecciones subnacionales, donde la problemática de salud, en su carácter operativo, técnico y legal de la atención integral al ciudadano, debería estar en el centro del debate público. No como un tema accesorio para un discurso de campaña, sino como una prueba concreta de los futuros alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas departamentales, para que entiendan las urgencias reales de la población como aquella que pasa la noche en puertas de un hospital, en las aceras, acurrucados y envueltos en frazadas, matillas, ponchos y ch’ulus que abrigan la esperanza de acceder a la atención médica.
Aquí conviene dejar algo claro: Aunque la Caja Nacional de Salud (CNS) forma parte de la seguridad social de corto plazo y no depende íntegramente de un gobierno autónomo municipal o departamental, no significa que puedan ignorar la situación, porque la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece competencias concretas en materia de salud. Los gobiernos departamentales deben participar en la planificación de salud, estructurar redes, proveer y mantener infraestructura del tercer nivel; los gobiernos municipales, por su parte, tienen competencias en planificación local, implementación tecnológica, administración de infraestructura y equipamiento del primer y segundo nivel, dotación de insumos y mantenimiento dentro de su jurisdicción. Aunque no controlen directamente la entrega de fichas, sí tienen margen político, institucional y presupuestario para coordinar, presionar, cofinanciar y priorizar soluciones.
Por eso, en esta etapa electoral, los candidatos no deberían limitarse a prometer que “vamos a mejorar la salud”, en términos generales y abstractos, sino presentar propuestas verificables para descongestionar la atención, fortalecer la red de salud pública y la articulación interinstitucional, transparentar y ampliar la capacidad resolutiva de los servicios bajo su competencia, además de generar mecanismos de coordinación con los gestores y la CNS, con las instancias de supervisión e incluso con el control social.
La implementación tecnológica puede y debe ser parte de la solución, aplicada de manera equilibrada, responsable e inclusiva. La distribución de fichas y citas médicas necesita avanzar hacia sistemas más transparentes, ordenados y modernos, con apoyo de programas y plataformas digitales que eviten las filas innecesarias. En definitiva, la crisis del sistema de identificación y priorización de necesidades de atención de la salud primaria y de las especialidades debería interpelar tanto a las autoridades actuales como a quienes hoy piden el voto ciudadano. No basta con anunciar proyectos o repetir que la salud es prioridad, la verdadera prueba está en que sí se puede evitar que una persona enferma tenga que exponer aún más su salud, su tiempo y su dignidad para obtener una ficha de atención.
* Es economista, conocedor de la dinámica municipal y la gestión pública.
