Los momentos dramáticos e importantes en la historia no siempre son asumidos de la misma manera. Hay un inmenso y respetable número de interpretaciones que, sin embargo, deberían evitar la arbitrariedad y, cuando no, el ridículo en el tratamiento de la cosa pública porque fácilmente podrían deslizarse hacia la comisión de infracciones o delitos.
La captura de Marset seguida de su expulsión es noticia internacional, ha logrado que Bolivia no sea vista únicamente como Estado proveedor y territorio de tránsito del narcotráfico sino como un país que inicia de manera diferente la lucha contra este ilícito con decisiones contrarias de lo que sucedió en los pasados 20 años.
Esta detención, que es muy importante, no ha erradicado el narcotráfico de nuestra geografía: su estructura sigue en pie y los eventuales herederos de Marset ya deben estar en la disputa interna de quién lo reemplaza, los encubridores o cómplices en la tarea de reacomodos a la nueva realidad al igual que algunas fracciones institucionales. El Estado no debe bajar la guardia.
No es misterio que lo sucedido es parte de una estrategia continental, por lo que atribuir al Gobierno nacional que este proceso inaugural es producto de una decisión interna exclusiva pecaría de arbitraria, pues existen fuerzas poderosas que la impulsan, como sucedió en el pasado, que afianzó alianzas que articularon bloques permisivos con el delito. Aun así, el mérito gubernamental es superlativo.
La reunión de varios mandatarios latinoamericanos con su homólogo Trump en Miami, denominada “Escudo de las Américas”, arribó a acuerdos con el objetivo de consolidar el liderazgo del país del Norte, contrarrestar la influencia de China en la región y crear una coalición militar para derrotar a los carteles. Todo apunta a que habrá más intervenciones en contra de las estructuras criminales y sus aliados.
Paz Pereira está alineado al bloque encabezado por Trump. Por necesidad más que por afinidades ideológicas, el presidente es pragmático. Empero, más allá de que los asistentes hayan estado encantados de estrechar la mano del poderoso y de posar para la posteridad, han debido estar sometidos a presiones de variado nivel para que la geopolítica de cooperación militar y económica en contra del crimen organizado sea suscrita con tareas ineludibles.
La ejecución de la operación en contra de Marset por fuerzas policiales y del Ministerio Público con el apoyo de la DEA y no al revés, como era habitual en el pasado, no deja de ser un detalle importante a tomar en cuenta. La corresponsabilidad, así sea asimétrica, es parte del comportamiento en el nuevo bloque que repercutirá en los presupuestos nacionales y, posiblemente, en la reconfiguración de sus fuerzas armadas y policiales.
La estrategia desplegada en contra del tráfico de drogas en nuestros territorios tiene un componente preocupante: el control militarizado de la migración, cuyas causas no siempre están vinculadas al narcotráfico, sino a factores políticos y económicos internos que deberían tener un tratamiento diferente.
El presidente chileno Kast, recientemente posesionado, ha anunciado que cumplirá con su promesa electoral de construir muros en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de controlar la migración, emulando las construcciones existentes en la frontera de EEUU con México.
La migración entre nuestros países es un problema continental que no debe ser resuelto unilateralmente y menos militarmente. El fenómeno es multilateral y su solución debe estar en manos de todos los involucrados.
El Gobierno nacional ha anunciado la apertura de un nuevo ciclo de diálogo con Chile, sin que se haya formulado una nueva política de Estado debidamente debatida y aprobada en las instancias correspondientes. Una decisión de esta magnitud debería ser mucho más reflexiva y no estar sujeta a adscripciones ideológicas ni a ejecuciones mecánicas de acuerdos.
Es imperativo que dentro de nuestras fronteras se restituya la legalidad a plenitud, el respeto mutuo y la responsabilidad en el manejo gubernamental como mandato de ineludible cumplimiento. Así, ninguna autoridad debería efectuar demostraciones contrarias a la Constitución o de irrespeto a la ciudadanía.
Infelizmente, se ha llegado a tal punto que una autoridad supone que hacer el ridículo es un acto de rebeldía cuando en realidad es una afección que debe ser tratada por especialistas. Que una autoridad sienta placer y alegría porque otros se ríen de sus ridiculeces es una patología inhabilitante, mas no un comportamiento político rebelde.
Las irresponsables declaraciones de Lara sobre la reunión en Miami o la detención de Marset deben ser respondidas, sin mayor tardanza, por las fuerzas políticas. Están en la obligación de superar retóricas improductivas con acciones puntuales.
La coyuntura ha instalado temas de fondo que deben ser tratados con pertinencia y conocimiento. El manejo responsable del poder político es una obligación, no un chiste.
