Estamos a una semana de las elecciones subnacionales y contextos como los de Santa Cruz y Potosí muestran un panorama preocupante, no solo para esos municipios sino para los del resto del país.
La falta de gobernabilidad es un mal endémico que, si no se maneja a tiempo, puede llevar a escenarios como los de Perú, donde se ha cambiado presidentes hasta nueves veces en los últimos 14 años.
Los cambios de gobernantes deben sujetarse a lo establecido en las constituciones, en las que se fija un periodo para el ejercicio del mando. Por el principio de alternabilidad en el poder, es saludable que, cuando un gobernante termina su mandato, sea otro el que lo reemplace. En el otro extremo están los regímenes dictatoriales que extienden su periodo de gobierno más allá de lo moralmente permitido y, para ello, incluso reforman legislaciones. Un ejemplo paradigmático es Cuba, donde el régimen castrista está en el poder desde 1959; es decir, lleva 70 años ininterrumpidos. Hasta este momento…
Pero, así como no puede haber gobiernos largos, tampoco se debería llegar al otro extremo: que los mandatos sean interrumpidos antes de lo establecido en las leyes, a menos que los gobernantes hayan cometido acciones que determinen su alejamiento prematuro. Lo que se ve en Perú es que los presidentes son sucesivamente acusados de la supuesta comisión de delitos, lo cual determina que el Congreso de ese país los reemplace por otros.
Veamos ahora el caso de Potosí, que es la versión multiplicada de Perú a escala municipal:
Durante el periodo municipal 2021-2026, la Alcaldía de Potosí ha cambiado alcaldesas y alcaldes en ocho ocasiones y va camino a una novena sustitución. Si se compara esto con Perú, un país con casi el triple de habitantes de Bolivia, entenderemos que se ha llegado a niveles admisibles: el vecino país cambió presidentes en nueve ocasiones, pero le tomó tres años en tanto que la gestión municipal de Potosí todavía no completa los cinco años.
Sin entrar en los detalles de las razones que motivaron la crisis municipal potosina, por efecto de las últimas elecciones municipales, la organización de Jhonny Llally consiguió cuatro concejalías mientras que la de René Joaquino logró otras cuatro. Todo lo que pasó después tiene que ver con las variantes para conseguir mayoría simple y mayoría absoluta.
Hay otra variable para la crisis potosina: esta es una de las pocas —si no la única— alcaldías en las que la alcaldesa o el alcalde son prácticamente rehenes del Concejo Municipal, puesto que deben pedirle permiso para cualquier viaje y, si son autorizados, se elige a un reemplazante, aunque la ausencia sea de un solo día. Esta mala praxis dio lugar a las actuales confusiones jurídicas: no existe claridad sobre quién debe suceder a Llally después de que este presentó su renuncia irrevocable.
Ahora veamos Santa Cruz, donde también hubo un alcalde preso: Jhonny Fernández.
Luego de que Fernández fue enviado a detención preventiva, el Concejo Municipal debatió sobre la necesidad de elegir un alcalde temporal, pero finalmente no llegó a ese extremo. La conducción administrativa del Gobierno municipal se manejó mediante los secretarios, en coordinación con el detenido, y, finalmente, el Alcalde retornó a su cargo, aunque con detención domiciliaria.
Los hechos demuestran que, más allá de las pugnas políticas y los pleitos judiciales, existen maneras de sobrellevar las diferencias, que son inevitables en política.
Es imposible pedirles a los políticos que no peleen entre ellos, pero, por lo menos, se les puede exigir que a la hora de hacerlo antepongan los intereses regionales, como no dejar a una Alcaldía sin gobernabilidad. En Potosí, al menos, los concejales no pensaron en eso.
