La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha convocado para las 9:30 de este martes a la audiencia de Rendición Pública de Cuentas final 2025, que tendrá por escenario el Ministerio de Economía y Finanzas, en La Paz, aunque podrá seguirse mediante una transmisión en plataformas digitales.
Como en todas las entidades del sector público, con esta actividad se cumple con la obligación de dar a conocer la información pública establecida en la Ley 341 de Participación y Control Social y en la 974 de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.
Hay cifras que no pertenecen al debate político coyuntural, sino al patrimonio de la ciudadanía. Según la última información disponible en el sitio informatizado oficial de la Gestora, correspondiente a 2024, los recursos corrientes a diciembre de ese año llegaban a Bs 467.325.110,27, equivalentes a 67.144.412,40 dólares. Publicaciones de prensa de febrero señalan que hay 29.500 millones de dólares en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), que corresponden a 2,7 millones de aportantes. No son recursos fiscales ni fondos discrecionales, sino ahorros laborales con destino previsional.
El problema radica en el debate abierto tras aquellas declaraciones del presidente Rodrigo Paz en noviembre, cuando advirtió que “sus ahorros no están”. Entonces, los asesores del primer mandatario salieron atribulados a tratar de parar una catástrofe: los Fondos de Pensiones son el principal motor del sistema financiero nacional.
Después, se corrió un tupido velo sobre este tema. Los fondos no “desaparecen”, porque están invertidos. La pregunta aquí es: cómo se invirtieron, en qué proporciones, con qué riesgos y bajo qué criterios de gobernanza. Estos asuntos siempre han sido opacos, controlados por una pequeña élite de poder.
El SIP muestra una concentración relevante en deuda soberana, exposición a entidades en default como Banco Fassil y el uso de operaciones financieras complejas como los reportes sobre bonos externos. También revela una diversificación internacional incipiente. Nada de esto es, por definición, ilegal, pero todo exige explicación pública detallada.
Existe además un vacío institucional que no puede pasarse por alto: la ausencia de Directorio en la Gestora, pese a que la Ley de Pensiones prevé su conformación como máxima instancia de definición estratégica. Cuando se gestionan recursos de esta magnitud y horizonte temporal —bonos con vencimientos de hasta casi 30 años— la estructura de control no es un formalismo, sino una garantía.
La opacidad no distingue colores políticos. Si el anterior gobierno incrementó sostenidamente la colocación de deuda soberana en el fondo en un contexto de restricciones fiscales severas, el actual tiene la responsabilidad de no reproducir el mismo patrón de silencio informativo. La transparencia no puede ser selectiva ni reactiva.
Un fondo de pensiones debe equilibrar tres variables esenciales: seguridad, liquidez y rentabilidad real. En un entorno inflacionario elevado, con deterioro de calificación soberana y con parte de los activos atrapados en instituciones intervenidas, el análisis técnico resulta indispensable.
Por eso la rendición pública de cuentas de este martes tiene tanta importancia: los trabajadores, aquellos a los que mes tras mes se les descuentan en sus papeletas con destino al fondo de pensiones, tienen el derecho de saber qué está pasando con sus ahorros.
