A más normativas, menos libertad. Esto es un principio elemental de las democracias liberales de occidente en las que Bolivia, más allá de los discursos, también se inscribe. La ley fundamental es una persona, un voto y, a partir de ahí, se delega la representación política legislativa y ejecutiva. No es que la democracia sea votar una vez cada cuatro o cinco años, o al menos no debería serlo, pero habría que garantizar que al menos esa vez, se emitiera un voto verdaderamente libre y democrático. Sin embargo, parece que estas cuestionen no se ponderan igual cuando se trata de una potencia o de un satélite “subordinado”.
En pleno siglo XXI, los procesos electorales están plenamente automatizados y socializados: todo el mundo tiene derecho a emitir su voto libre e informado por el candidato o candidata que le parezca mejor por el motivo que sea. Y, con la misma sencillez, cualquiera que creyera que merece tener la confianza de ser candidato, debería tener la posibilidad de hacerlo, obviamente siendo consciente de lo que implica. La supervisión es, sin embargo, extrañamente exigente con unos sobre otros.
En Bolivia, la democracia está intermediada por demasiados intereses opacos que muchas veces sobrevuelan y se enquistan en el Tribunal Electoral, un organismo constituido en poder del Estado que probablemente en un Estado más maduro podría ser sustituido por un conjunto de notarios que simplemente verifican los procedimientos y los resultados.
En Bolivia; sin embargo, nos hemos llenado de normas, reglamentos e instancias que poco aportan. El padrón, mil veces verificado, sigue bajo sospecha y los ciudadanos tienen que hacer trámites para emitir su voto, que no es un derecho, sino una obligación, pero el camino más tortuoso es precisamente para quienes quieren postular a cualquier cargo de representación.
El asunto debería ser sencillo: cualquiera que tiene chance debería poder presentarse. Es verdad que el Estado debería tomar algunos recaudos para evitar, por ejemplo, que los candidatos representen intereses extranjeros, algo que se logra con transparencia sobre el manejo de recursos y, sobre todo, dejando que la prensa haga su trabajo y los ciudadanos tengan información suficiente para juzgar.
La consigna; sin embargo, parece ser justo la contraria. El panorama político electoral se ha poblado de partidos fantasma, de los que no se sabe ni quien los controla ni a quién responden, que pueden cambiar de opinión en cualquier momento, y que son supervisados por unas normas siempre interpretables que no parecen ayudar mucho a fortalecer la democracia, sino a dificultarla.
A ello se agrega, ahora, observaciones que se creía ya superadas; como, por ejemplo, que se denuncie cuestiones formales para las que ya se había habilitado un plazo destinado a las impugnaciones. Un expresidente del Tribunal Supremo Electoral lo puso bien en claro: hay plazos cumplidos que no deben modificarse.
En los ‘90 se peleó por las fórmulas de agrupaciones ciudadanas para acabar precisamente con la tiranía de los aparatos en favor de la democracia, pero esto ha acabado en deformación chicanera.
Considerar a los bolivianos como menores de edad, como ignorantes a los que las normas férreas o algún suprapoder o estructura de notables debe proteger, es uno de los grandes errores de estas dos últimas décadas y que pueden explicar los problemas de credibilidad democrática e institucional que atravesamos. El problema es que estas decisiones antojadizas pueden acabar no solo en desafección política, sino en violencia de la que luego nadie querrá hacerse responsable.
