La reciente elección municipal en Camargo, donde resultó ganadora Marcela Mendoza Morón, no solo deja una autoridad electa, deja también al descubierto una herida persistente en la democracia boliviana. Una herida que tiene nombre claro: violencia política contra las mujeres.
No fue solo una campaña electoral. Fue, en muchos momentos, una embestida. A Marcela Mendoza no se le debatieron ideas ni propuestas de gestión municipal. Se la atacó como mujer: se la llamó ladrona, corrupta, incapaz; se la denigró hasta el extremo de intentar reducirla a insultos que buscan destruir la dignidad femenina. Todo esto, en un patrón tristemente conocido en el país, donde el acoso político incluye “presión, persecución y hostigamiento” contra mujeres en función pública.
Lo ocurrido en Camargo no es un hecho aislado. Es la expresión local de un fenómeno estructural. La propia Defensoría del Pueblo ha advertido que existe un “patrón de violencia muy alarmante” contra mujeres autoridades, que inicia con acoso y puede escalar a agresiones más graves. Y, aun así, se sigue normalizando.
Lo más revelador y preocupante es que la violencia no distinguió género: provino de opositores varones, pero también de otras mujeres y hasta de otra candidata. Esto confirma lo que la filósofa Simone de Beauvoir advirtió hace décadas: “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”. La sororidad, entendida por Marcela Lagarde como un pacto entre mujeres para acompañarse, protegerse y trabajar juntas por sus derechos, no es automática; es una construcción política que aún está en disputa.
Porque aquí no estamos hablando de improvisación ni de incapacidad. Marcela Mendoza Morón es empresaria, parte de una familia que ha consolidado una producción de vinos y singanis con reconocimiento internacional y exportación. Ella lideró la revalorización de la Feria Nacional Vitivinícola, Fenavit, por dos gestiones consecutivas y con mucho éxito y reconocimiento en el país, además de conseguir que el Valle de Cinti ingrese en las “Maravillas de Latinoamérica” y que Camargo sea Sede de la II Cumbre Iberoamericana del Turismo Eco-cultural en octubre del presente año. Sin embargo, nada de eso importó. Su trayectoria fue invisibilizada. Su capacidad fue negada. Su condición de mujer fue utilizada como arma en su contra.
Como señaló Kate Millett en Política sexual, el poder patriarcal no solo domina: también define qué voces son legítimas. Y cuando una mujer rompe ese molde, el sistema reacciona.
Lo dijo también Rita Segato con precisión incómoda: la violencia contra las mujeres en espacios de poder es un “mensaje disciplinador”. No busca solo dañar a una mujer, sino advertir a todas las demás.
Y sin embargo, seguimos avanzando…
Las mujeres no estamos en política por concesión ni por moda, estamos porque cada espacio ha sido conquistado. Porque antes que nosotras hubo quienes fueron silenciadas, expulsadas o peor. Porque existe incluso una ley, la 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que reconoce esta violencia como una realidad que el Estado debe erradicar.
Pero las leyes no bastan cuando la cultura sigue intacta.
El caso de Camargo debería interpelarnos como sociedad. No es aceptable que en pleno siglo XXI una mujer tenga que defender su honor antes que sus propuestas. No es tolerable que el debate político se degrade al insulto misógino. No es democrático que la participación femenina esté condicionada al desgaste moral.
Como escribió Angela Davis: “No acepto las cosas que no puedo cambiar; cambio las cosas que no puedo aceptar”.
¡Es hora de cambiar!
Es hora de decir basta a esta cultura machista que pretende expulsarnos del poder a punta de humillación. Basta de guerras sucias que buscan destruir mujeres en lugar de confrontar ideas. Basta de complicidades que perpetúan la violencia.
Porque las mujeres no llegamos aquí por casualidad. Llegamos con historia, con trabajo, con lucha.
¡Y no vamos a retroceder!
