El nuevo tiempo político no puede limitarse a un relevo de nombres en la cima. Si el país atraviesa una etapa de reconstrucción —económica, institucional y moral— esa tarea comienza por abrir ventanas, dejar entrar luz y revisar con rigor las herencias recibidas. No para perseguir, sino para ordenar.
Las decisiones adoptadas en la víspera del cambio de mando, como la transferencia de 197 millones de bolivianos al Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP SAM) el último día hábil del gobierno anterior, pueden tener respaldo técnico. Pero, en contextos de crisis severa —combustible escaso, reservas internacionales al límite— el problema no es solo jurídico o contable: es de oportunidad, transparencia y confianza pública. Cuando los actos son formalmente válidos, pero políticamente opacos, la sospecha se instala.
La reconstrucción comienza por disipar esa sospecha.
Si los fideicomisos públicos movilizan cientos de millones de bolivianos, sus resultados no pueden quedar amparados exclusivamente en cláusulas de confidencialidad. La reserva puede ser necesaria frente al mercado; no frente a la ciudadanía.
Cuando se administran recursos públicos —y más aún si se trata de fondos destinados a la producción o al ahorro previsional de los trabajadores— la regla debe ser la publicidad activa: informes periódicos, contratos accesibles, criterios de evaluación claros y trazabilidad de los recursos. No basta con afirmar que existen sistemas de medición de impacto; hay que publicar sus resultados.
El fondo de pensiones, que supera los 29.500 millones de dólares, es el mayor patrimonio colectivo de la historia económica boliviana. Que no exista actualización pública de su cartera desde hace meses es un dato que erosiona credibilidad. La transparencia es un deber hacia 2,7 millones de aportantes, no un gesto hacia la prensa.
En procesos de transición, las designaciones son el primer mensaje político. No solo importa la hoja de vida, sino la señal institucional que se envía. Cuando directores, gerentes y reguladores provienen de redes estrechamente vinculadas al poder anterior —o del mismo sector que deben supervisar— se activa un debate legítimo sobre independencia y puertas giratorias. Puede que no exista ilegalidad, pero la reconstrucción exige algo más que legalidad mínima: prudencia, evaluación de conflictos de interés y, sobre todo, concursos transparentes con procedimientos públicos.
Un gobierno que ha prometido que los ahorros previsionales son “sagrados”, debe extremar el cuidado en la elección de quienes los administran y supervisan. Para la confianza, más que decretos, se necesitan procesos abiertos, perfiles técnicamente sólidos y autonomía demostrable. Revisar directorios, publicar instrumentos jurídicos de designación, transparentar informes regulatorios o fijar plazos para auditorías no equivalen a paralizar la gestión. Al contrario: fortalecen la legitimidad de las decisiones futuras.
La continuidad administrativa es necesaria en el Estado. Pero la continuidad automática, sin evaluación ni rendición de cuentas, puede convertirse en repetición de inercias. Y Bolivia ya ha pagado demasiado caro sus inercias. Si esta etapa pretende ser realmente de reconstrucción, más allá del discurso, debe diferenciarse por la forma de gobernar: más información pública, más control institucional cruzado, más claridad en los nombramientos y menos zonas grises.
La oportunidad está abierta. Aireando las instituciones, transparentando la toma de decisiones y escogiendo con criterio de mérito e independencia el país puede creer que esta vez el cambio será estructural y no simplemente una rotación de nombres en los mismos pasillos.
