El mundo esperaba en suspenso y temor la hora en que estaba enunciado el fin de una civilización. De pronto, se conoció el mensaje del ejecutor… el “Holocausto II” se posterga por dos semanas, obviamente con algunas condiciones que, de ser cumplidas por la civilización en riesgo, será perdonada, ¡aleluya! La pugna geopolítica pareciera tener mayor preeminencia geoeconómica. Con el cierre del estrecho de Ormuz colapsaron los mercados, los bonos, las acciones, etc. El anuncio del cese al fuego produjo una baja del precio elevado del petróleo. Con alivio en secuencia, se recibió la noticia de la baja, pero los ataques de Israel al Líbano provocaron otra escalada.
La subida del precio del petróleo hizo temblar al mundo más que la guerra misma. Para Bolivia, significó el retorno de la subvención en desmedro de una economía inestable que precisa recursos para comprar el combustible que pareciera ser –junto al pan– el sustento diario de la población. Cuando se pensaba que las cosas iban marchando a paso lento y seguro con un torrente de créditos acompañando a la percepción externa de aparente menor riesgo país, la impredecible guerra disparó el precio del elixir (petróleo) y de los combustibles que compramos. Se pone en mayor evidencia la medida no acertada de quitar parcialmente la subvención y mantener un precio fijo de los combustibles por seis meses, en lugar de dejarlo sujeto a la fluctuación del mercado mientras se pudo; era la política económica seguida en la mayoría de los países antes de la guerra.
¿Es posible hacerlo ahora? La situación externa no lo permite y el escenario local no lo admite. Si la emergencia obliga al mundo a adoptar políticas económicas de salvaguarda, en Bolivia el manejo es más político que económico; se ha cedido el protagonismo a la COB, a los transportistas sindicalizados y a otros grupos afines que, en permanente pulseta con el Gobierno y en “representación” de todos los trabajadores, se oponen a todo e imponen sus exigencias. Habiendo cedido ante su presión derogando del D.S. 5503, les dejaron la potestad de ejercer el control político.
Leyes y decretos van saliendo, recuperando los 101 artículos eliminados del 5503 en busca de resolver situaciones de corto alcance sin afectar intereses de los grupos aludidos, pero, tras bambalinas, beneficiando a grupos empresariales de la agroindustria en el oriente. Entre las normas promulgadas está la Ley 157, que permite, mediante el INRA, la conversión voluntaria de empresas pequeñas en medianas o empresariales, haciéndolas hipotecables para respaldar su acceso a créditos bancarios. Los riesgos son grandes, es dar carta blanca a la regularización de tierras avasalladas, a la expansión del espacio de cultivo sin normas y reglamentos que sancionen y erradiquen las acciones incendiarias. La medida de acceso a créditos bancarios favorece a las grandes zonas agropecuarias del oriente, no así a las de los valles y a la zona andina donde la propiedad de tierras es de menos magnitud.
En la misma línea, el D.S. 5600 libera el uso de tarjetas de crédito para compras en el exterior sin restricciones, limitada solo por la capacidad de pago del cliente, y habilita el uso de las tarjetas de débito para compras en el exterior mediante la banca y en línea (internet) ampliando el límite de monto hasta $us 500 (antes restringidos hasta $us 100). Esta medida estaría beneficiando a aproximadamente 2.700 usuarios bancarios que exige cierta mayor liquidez a las entidades financieras, que es relativa en un mercado donde el uso de tarjetas de débito y crédito en dólares es casi nominal. El objetivo sería generar confianza en posibles ahorristas en dólares y qué mejor sería el retorno de dólares de los empresarios que los resguardan en paraísos fiscales.
Para entender la situación, es necesario un análisis del rol que tuvo la banca en la demanda, oferta y disponibilidad de dólares para sus clientes en los años recientes de escasez de la divisa. Muchas personas en todo el país ante la incertidumbre de la situación empezaron a retirar sus ahorros en dólares. Para cubrir esa demanda masiva, los bancos recuperaron dólares de su reserva y los invertidos en el exterior. Limitaron cantidades y frecuencia de devolución al público, no obstante, la mayor parte de ahorros fueron retirados. Se mantiene la escasez de dólares.
Viendo la situación de mayor carga para la economía (el combustible) es muy probable que, aunque la guerra termine, los precios del petróleo permanecerán elevados en relación al pasado. Por añadidura, en el país, tuvo que generarse el reclamo colectivo por vehículos dañados con gasolina adulterada para que recién se revisen los contratos con las empresas Vitol y Trafigura, proveedores de diésel y gasolina. Para explicar la gasolina adulterada se adujo sabotaje, “herencia” de combustible contaminado, mezcla con agua (¿emulsionando?) y que el contrabando introdujo más de 5.000 cisternas entre octubre 2025 y marzo 2026 con combustible contaminado; ¿dónde estuvo el control? Una medida opcional para el Gobierno es liberar la importación del combustible y remitirse a realizar el control de calidad en la cadena de suministro para no repetir el daño a los vehículos con el combustible adulterado o de mala calidad.
Continuará…
* Es economista y socióloga.
