Hace unas semanas, el presidente Rodrigo Paz se reunión con los alcaldes electos de todo el país, confirmando la importancia de la gobernabilidad. El Ejecutivo nacional no puede estar distanciado de los gobiernos departamentales y municipales, si acaso quiere jalar el carro del país, juntos con gobernaciones y alcaldías, todos para el mismo lado.
El domingo recién pasado se cerró un ciclo electoral de dos años con las segundas vueltas en Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Tarija y Oruro. Y al partido de Gobierno no le fue bien: siete de las nueve gobernaciones estarán en manos de corrientes políticas distintas a la de la alianza Patria Unidad.
Por la experiencia boliviana, los intereses nacionales no deberían descuidar los particulares, de cada región, lisa y llanamente porque cada ciudad y/o departamento tienen sus necesidades específicas. Esta condición, que tendría que regir la actividad de los políticos en el país, es de especial importancia para la región común del sur que, producto del histórico centralismo, tradicionalmente han sido marginados de la toma de decisiones de mayor trascendencia.
A este panorama hay que agregarle que, inevitablemente, la gobernabilidad se verá afectada de manera general a partir de los resultados de las subnacionales, pues gran parte de las administraciones departamentales y municipales tendrán gobernaciones y alcaldías sometidas a instancias legislativas adversas.
Las diferencias entre las organizaciones políticas no deberían llegar al punto de entorpecer las gestiones en los diferentes gobiernos subnacionales. Lo contrario significaría una mezquindad, como mínimo, en lo intrínsecamente humano; ante todo, una actitud de ese tipo sería un signo de antipatriotismo preocupante que de ninguna manera puede ser aceptado en democracia.
No todo está permitido a la hora de hacer política, por más que los malos políticos se hayan acostumbrado a tergiversar su tarea y llevado a la ciudadanía a forjar sobre ellos una desconfianza difícil de revertir, considerando la larga data de esta deformación de esta labor, que debería ser noble y, por muchas razones, lamentablemente, no lo es.
La probidad del trabajo político tiene que ir de la mano de la seriedad y las buenas intenciones de quienes, por mandato del voto, se han hecho merecedores de ocupar un lugar dentro de las alcaldías y gobernaciones.
Pasados al fin el ajetreo y el estrés propios de la campaña, los elegidos en primera y en segunda vuelta están llamados ahora a respetar la voz del soberano expresada en las urnas con responsabilidad y a encarar la siguiente etapa, sabiendo que los electores, a partir de sus compromisos, estarán pendientes de lo que hagan o dejen de hacer.
