Las autoridades resultantes del proceso electoral recientemente concluido asumieron sus funciones y, una vez más, se da vuelta a la hoja en la historia común que se viene escribiendo en Bolivia de manera ininterrumpida desde 1982: la democracia.
Los votantes han respondido a la convocatoria democrática. Con matices, con tensiones propias de todo proceso competitivo, pero con participación y voluntad de decidir su futuro en las urnas. Ese es, en sí mismo, un activo que no debe darse por descontado en tiempos de incertidumbre política y desgaste institucional.
Con todo y los contratiempos reportados por la prensa, y exceptuando los casos de quienes repiten mandato, han asumido nuevas autoridades autonómicas en todo el país. En el sur del país, los gobernadores son, en orden alfabético, Luis Ayllón, en Chuquisaca, y René Joaquino, en Potosí, este último habiendo ganado en primera vuelta, mientras que en Tarija está María René Soruco, la primera gobernadora de ese departamento.
En cuanto a los alcaldes, en Potosí hay 41; en Chuquisaca, 29, en tanto que en Tarija, 11. Con excepción de Joaquino, que ha optado por la discreción, ayer hubo celebraciones en la mayoría de los municipios. Ahora, llegó el tiempo del trabajo.
Ganar una elección otorga total legitimidad, pero obviamente no resuelve los problemas: es apenas el punto de partida. A partir de hoy, la responsabilidad recae sobre quienes han sido elegidos para conducir las instancias de gobierno subnacional con una razón de ser: la autonomía.
La autonomía, tantas veces reivindicada en el discurso, deberá encontrar en esta nueva etapa una expresión más concreta y eficaz. Defenderla no implica solo invocarla, sino ejercerla con responsabilidad, planificación y capacidad de gestión. Eso exige instituciones sólidas, coordinación entre niveles de gobierno y, sobre todo, una visión compartida de desarrollo.
En ese camino, hay agendas que no admiten más dilaciones. El turismo, por ejemplo, ha sido durante años una promesa recurrente, aunque con una insuficiente estructura. El sur tiene condiciones naturales, culturales y gastronómicas para posicionarse, pero requiere inversión, promoción sostenida y una articulación real entre los sectores público y privado.
Lo mismo ocurre con la producción. Apostar por actividades de mayor valor agregado ya no es una opción, sino una necesidad. La diversificación productiva, el impulso a la agroindustria, la innovación y el acceso a mercados deben formar parte de una estrategia coherente que trascienda los periodos de gobierno.
En paralelo, el respeto al medioambiente debe dejar de ser un enunciado y convertirse en política efectiva. En Chuquisaca, uno de los mayores problemas es el de la contaminación que causa la minería; en Potosí, el Cerro Rico, que se está hundiendo; y en Tarija, la amenaza sobre Tariquía.
Y, por supuesto, están las obras. Infraestructura vial, conectividad, servicios básicos y fortalecimiento del sistema de salud no son demandas nuevas, pero sí urgentes. La ciudadanía ha votado también con esa expectativa: que la gestión pública mejore su vida cotidiana de forma tangible.
Nada de esto será posible sin diálogo. La pluralidad que han dejado las urnas obliga a construir acuerdos, a superar la lógica de los bloques cerrados y a entender que gobernar implica, en buena medida, negociar sin renunciar a los principios.
