Con medidas de presión alentadas desde el evismo, hay que reconocer que la posibilidad de una crisis política de consecuencias imprevisibles es más grande de lo que parece.
En primer lugar, no debería ser lógico hablar tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS), puesto que, como organización política, se ha dividido y está en terapia intensiva y con diagnóstico reservado. En cambio sí está todavía vigente el evismo, y los resultados de las elecciones subnacionales demuestran que esa corriente, por ahora sin personería jurídica, tiene innegable influencia en la política nacional, aunque su centro de operaciones siga siendo el trópico cochabambino.
El propio expresidente Evo Morales se ha ufanado al decir que sus candidaturas se mimetizaron en varias organizaciones políticas para participar en las elecciones recién pasadas. Llegaron incluso a utilizar a la organización de Jorge Tuto Quiroga, Libertad y República (Libre), para participar en un municipio, según confesó el mismo exmandatario sobre el que pesa una orden de aprehensión hace años y, sin embargo, la Policía no la ejecuta.
Si se analizan con cuidado los resultados de las subnacionales, se verá que el evismo logró ganar en varias plazas. En Potosí, sin ir más lejos, por ejemplo, se lo percibe en el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que tuvo participación disímil en este departamento.
Entonces, por una parte está al evismo operando desde diferentes frentes —ampliados, ahora, a una cantidad no determinada de municipios—, y, por otra, se encuentra enquistado en sindicatos que todavía controla, incluida la Central Obrera Boliviana (COB).
El conflicto irresuelto del combustible ha desatado la teoría de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ha convertido en una corporación controlada por el antiguo MAS, ya que en 2005 tenía menos de 1.000 empleados y ahora llega fácilmente a 8.000. Las planillas crecieron durante los gobiernos de Morales y Luis Arce: esos más de 7.000 incorporados en los últimos veinte años serían leales a las corrientes de esa ahora fraccionada organización política. De allí también la versión del sabotaje a la gasolina.
Y aquí aparece un elemento importante: el incremento de los asesinatos con la marca indiscutible del sicariato, en acciones que tienen toda la apariencia de ajustes de cuentas y se han convertido en la cara más reciente de un fenómeno omnipresente, pero poco analizado desde la óptica política: por un lado, el narcotráfico; por el otro, las tierras.
Uno de esos casos fue, precisamente, el del magistrado Víctor Hugo Claure, muerto a balazos por un sicario que, según las imágenes que recorrieron el país, se baja de una motocicleta cuando el magistrado del Tribunal Agroambiental llegaba a su casa en un taxi en Santa Cruz.
Aún no se han dado a conocer los móviles de este crimen, pero se rumorea que pudo haber tenido que ver con algún proceso relacionado con tierras. Por lo demás, es momento de admitir que el sicariato forma parte de la criminalidad boliviana, y si la mayoría de los casos ocurren en el oriente se debe a que las mafias utilizan a Santa Cruz como centro de operaciones.
En cuanto al narcotráfico, no se limita al oriente ni a su feudo, el trópico cochabambino, sino que también tiene presencia en el occidente, especialmente en la región denominada “México Chico”, en el norte potosino, tal como consta en el libro “Narcotráfico imparable”, de Manuel Morales Álvarez.
Por último, el Gobierno viene repitiendo hace dos días que el expresidente Morales podría estar detrás de los hechos de violencia que vienen azotando al país. Se supone que para afirmar tal cosa tienen pruebas y que esto merece proceder como corresponde y no dejar pasar el tiempo, como ocurre con la orden de aprehensión que no se ejecuta desde hace más de un año.
