Los recientes conflictos sociales —que aún no han sido desactivados del todo— han hecho relegar temas importantes para el país, como la educación y la salud.
En cuestión de salud pública, nunca se debe perder de vista que se trata de un derecho fundamental. En Bolivia, el sistema sanitario arrastra problemas estructurales que no han sido resueltos en décadas. Fragmentación institucional, infraestructura insuficiente, déficit de personal, burocracia excesiva y, sobre todo, una lógica perversa que en muchos casos ha convertido la atención en salud en una transacción económica antes que en un servicio público. Para demasiadas familias, enfermarse sigue siendo sinónimo de endeudarse o de resignarse.
Más allá de los discursos, la cobertura sanitaria efectiva —esa que garantiza atención oportuna, de calidad y sin riesgo financiero— hace mucho que se ha quedado simplemente en una promesa incumplida o, por lo menos, incompleta. Y lo más preocupante: el debate sobre salud suele quedarse en lo coyuntural, en la crisis del momento, sin avanzar hacia reformas estructurales que ataquen las causas profundas.
Hace exactamente cuatro semanas, el 7 de abril, se recordó el Día Mundial de la Salud, una conmemoración impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuyo lema de este año, centrado en la colaboración científica y el enfoque de “Una sola salud”, apunta en la dirección correcta. La salud no es un compartimento aislado: está vinculada al ambiente, a la alimentación, a las condiciones de vida, al acceso al agua, a la educación. Es, en definitiva, un reflejo del modelo de desarrollo.
Pero, para que ese enfoque se traduzca en realidad, se requiere decisión política.
Bolivia necesita avanzar hacia un sistema integrado, eficiente y equitativo. Eso implica ordenar competencias entre niveles de gobierno, invertir con criterio en infraestructura y tecnología, fortalecer la formación y retención de recursos humanos, y, sobre todo, establecer mecanismos de financiamiento sostenibles que no recaigan de manera desproporcionada en los ciudadanos.
También implica algo más difícil: cambiar la lógica.
La salud no puede seguir siendo vista como un espacio de rentabilidad, donde el acceso dependa de la capacidad de pago o de la intermediación. Tampoco puede quedar atrapada en disputas corporativas ni en visiones parciales que impiden construir un sistema coherente. Se trata de garantizar que cualquier persona, en cualquier punto del país, pueda recibir atención digna cuando la necesite.
Dormir tranquilos, sabiendo que el sistema responderá, debería ser una certeza básica en cualquier sociedad. De hecho, eso pasa en países en los que la salud es atendida por el Estado con calidad y eficacia.
En ese marco, cabe recordar que esta es una prioridad que, pese a ser tal, se ha relegado. Se debe entender que la salud no admite postergaciones ni parches, sino que requiere de reformas profundas, consensos amplios y una mirada de largo plazo.
Porque, al final, no hay desarrollo posible, ni crecimiento sostenible, ni cohesión social si la base más elemental —la salud de la población— no pasa de ser una asignatura pendiente. (R)
