Rodrigo Paz lleva apenas seis meses en el poder y ya parece culpable de todos los males del Estado. Bolivia, que durante veinte años fue administrada como si el futuro fuera una molestia neoliberal, ahora exige soluciones inmediatas con la impaciencia de quien incendió la casa y se queja porque el bombero tarda demasiado.
El país atraviesa una tormenta perfecta: crisis de dólares, tensión por combustibles, protestas de la COB, presión de transportistas por la gasolina de mala calidad y una inseguridad que ya no parece noticia policial sino síntoma de descomposición institucional. La crisis existe, se siente y se paga. El dólar paralelo se disparó, la gasolina dañada afectó a miles de vehículos y el Gobierno ha tenido que compensar daños mientras intenta explicar que recibió una economía quebrada.
Claro que hay demandas legítimas. Nadie puede pedirle paciencia infinita al chofer que dañó su motor, al trabajador cuyo salario se evapora o al ciudadano que ve subir todo menos sus ingresos. El problema es que, en Bolivia, la necesidad social rara vez viaja sola: siempre aparece algún dirigente dispuesto a cargarle megáfono, bandera y cálculo político.
La COB, por ejemplo, exige un incremento salarial del 20%. Suena heroico, obrero, combativo, casi de mural sindical con puño en alto. Pero hay un detalle que conviene no olvidar: la COB no representa a la mayor parte del país trabajador. Representa sobre todo al mundo asalariado formal, que en Bolivia es minoritario. Más del 80% del empleo boliviano es informal. Es decir, la mayoría de los bolivianos no tiene sindicato, no tiene salario fijo, no tiene aguinaldo garantizado y no tiene quién le negocie nada en la Casa Grande del Pueblo. El informal no hace paro con sueldo descontable: si no trabaja un día, no come dos. De modo que los bloqueos, paros y marchas le afectan profundamente.
Ahí está la gran trampa representativa, y cuando la COB exige aumentos generales sin explicar cómo se sostendrá la economía que debe pagarlos, no habla necesariamente por el país real. Entonces aparece otra dificultad, distinguir entre protesta legítima y cálculo político.
Sería ingenuo creer que detrás de todas las movilizaciones solo hay hambre y desesperación espontánea. Bolivia sigue siendo un país donde la calle funciona como mecanismo de presión política y donde varios actores que vivieron cómodos durante el ciclo masista no parecen demasiado tristes viendo arder el conflicto social. Paz no heredó un país, heredó un almacén incendiado, con subsidios insostenibles, déficit, mafias, desabastecimiento y una economía acostumbrada a gastar más de lo que produce.
Pero defender la estabilidad democrática no obliga a aplaudir todo lo que hace el Gobierno. Paz tiene razón cuando dice que no se arreglan veinte años de masismo en seis meses, pero la gente no vive de contexto histórico, no carga gasolina con diagnósticos macroeconómicos ni paga repuestos con discursos de transición.
El Gobierno está fallando en comunicación. Tiene datos, pero no relato; tiene medidas, pero no pedagogía. Dialoga cuando ya hay paro, explica cuando ya hay bloqueo y cambia autoridades cuando el problema ya explotó. Eso no es gobernar una crisis; es perseguirla con balde de agua mientras la casa sigue echando humo.
Y quizá parte del problema esté precisamente ahí: todavía no queda del todo claro qué tipo de gobierno quiere ser Rodrigo Paz. Su apellido arrastra inevitablemente una herencia política compleja. Es hijo de Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia y líder histórico del MIR, un partido nacido desde la izquierda revolucionaria, aunque luego gobernara aliado con la ADN de Hugo Banzer, el exdictador convertido en socio democrático por esas alquimias ideológicas tan bolivianas que logran sentar marxistas y militares en la misma mesa sin que nadie derrame el café.
Con Rodrigo Paz ocurre algo parecido, aunque en versión más confusa. Hay días en que parece un reformista moderado de centroderecha, preocupado por estabilizar mercados y ordenar cuentas públicas. Otros días habla como un socialdemócrata preocupado por no perder sensibilidad popular. Y luego están esos momentos en que intenta quedar bien con todos al mismo tiempo, como si gobernar fuera un concurso de simpatía.
El Presidente debe comprender que, en momentos de crisis profunda, un gobierno necesita, más que moderación discursiva, claridad. La ambigüedad puede servir en campaña; en el poder, suele convertirse en desgaste. Intentar quedar bien con empresarios, sindicatos, transportistas, clases medias urbanas y sectores populares al mismo tiempo suena conciliador, pero también transmite la sensación de un gobierno que todavía no decide exactamente qué quiere defender cuando el conflicto aprieta. Y hay una verdad incómoda que la política boliviana suele confirmar tarde o temprano: con Dios y con el diablo no se arma un buen trío.
El masismo dejó la casa en ruinas, eso es cierto, pero ahora Rodrigo Paz tiene las llaves. Y si no quiere que los antiguos inquilinos vuelvan disfrazados de bomberos, más le vale aprender rápido a gobernar el incendio.
