Si supiera la Pachamama cuántas cosas se han hecho a su nombre usando el patrocinio de la cosmovisión andina y bajo el escudo de la espiritualidad de la tierra; cuántas más han hecho profanando la naturaleza y la vida misma en pos de su riqueza… La fertilidad de la tierra ya no es interpretada como procreación de vida, y lo que debiera ser su protección y preservación se ha reducido al acaparamiento de tierra para exprimirla hasta su exterminio a fin de enriquecer a unos pocos.
La avaricia también es ancestral; las colonizaciones quechua y española dejaron huellas étnicas y culturales tras la conquista de su riqueza natural (territorio y plata). Bolivia, en sus orígenes, era la “síntesis del mundo”, ¡qué no poseía dentro de sus límites! Fue objeto de la ambición de vecinos que con guerras invadieron y le quitaron el acceso al mar y gran territorio con salitre y guano, el Acre con grandes bosques de caucho, el Chaco Boreal con petróleo, gas y recursos hídricos.
La distribución poblacional ha ido cambiando por las corrientes migratorias que se dieron desde la década de los años 50 del siglo XX hasta ahora. Internamente, los cambios políticos tras la Revolución del 52 y la Reforma Agraria del 53 indujeron una corriente migratoria de occidente dirigida a repoblar el oriente. De fuera, hubo inmigración de gente europea y asiática por la posguerra; en busca de trabajo se asentaron primero en el occidente y luego pasaron a las tierras fértiles del oriente. En los años 70, en el gobierno de facto de Banzer hubo una distribución masiva y gratuita de tierras fiscales (17,9 millones de hectáreas) en el oriente para los adeptos a su régimen (militares y empresarios), sentando las bases para el resurgimiento de la estructura latifundista en esa región. Al ser allegados al poder del Gobierno, este allanó el camino para el crecimiento y expansión agropecuaria y comercio en sus manos.
En el gobierno de Paz Zamora, en 1996, se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en reemplazo del Consejo Nacional de Reforma Agraria, que tenía denuncias de corrupción. El INRA debía regularizar la tenencia de la tierra priorizando a pueblos indígenas y campesinos dentro del marco de la Reforma Agraria del 53. El año 2006, con la Ley 3545 y un decreto, el gobierno de Evo Morales lo convirtió en el brazo operativo para acelerar el saneamiento y redistribución masiva de tierras reconduciendo el minifundio mediante titulación de propiedades pequeñas y comunitarias, y, bajo la premisa de que la tierra es de quien la trabaja, se condujo a la reconfiguración de la estructura agraria y el traslado de gente de occidente a oriente, que habría de generar conflictos con los terratenientes tradicionales por el tráfico de tierras.
Se fue de un extremo a otro y se sigue arrastrando un marco legal con grandes vacíos y contradicciones que generan inseguridad jurídica, dando lugar a conflictos sociales y problemas en la tenencia de la tierra y regularización de la propiedad. Con carta blanca para los avasallamientos, se permitió la deforestación y las prácticas incendiarias, en las cuales participaron pequeños, medianos y grandes propietarios para expandir el espacio cultivable con la pérdida de flora y fauna en uno de los mayores e irreversibles daños al medioambiente.
Las corrientes migratorias internas asentadas y las migraciones temporales como mano de obra barata impulsarían un mayor crecimiento agropecuario y comercial de esa región en preeminencia a las otras regiones del país, como también las normas gubernamentales de apoyo al sector agroindustrial como el D.S. 5547 (febrero 18, 2026) reciente que fijaba arancel cero para regularizar la importación de soya transgénica hasta diciembre de este año y que fue abrogado con el D.S. 5591 (marzo 21, 2026) a solicitud de productores que observaban afectación a la producción nacional. Esta semilla ya ingresaba a Santa Cruz por contrabando para producir los derivados exportables (más del 80% de la producción). Son permanentes las advertencias de expertos ambientalistas, salubristas y otros sobre las consecuencias devastadoras de este modelo productivo hegemónico contra el medioambiente, la biodiversidad circundante y la salud por el alto uso de glifosato como herbicida que contamina suelo, aire y agua con el consiguiente daño a personas y animales, además de afectar la producción de alimentos diversos de la pequeña agricultura circundante.
La Ley 1720 de “Conversión de Pequeña Propiedad Agraria a Mediana” (abril 2026), antes anteproyecto 570, fue originalmente presentada en el gobierno de Arce Catacora (agosto 2023) y no fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de entonces; este año 2026, impulsada por nuevos legisladores, fue aprobada sin problemas. No hay que tener más de dos dedos de frente para entender los intereses que la catapultaron; obviamente generó el reclamo y la marcha de pequeños propietarios indígenas y campesinos a quienes supuestamente beneficiaba. La abrogación de esta ley debe ser reemplazada con otra norma consensuada, clara y concreta que vaya a eliminar ambigüedades, falencias, en la perspectiva de beneficiar y proteger a todos los ciudadanos y no limitada a cumplir solo compromisos electorales.
* Es economista y socióloga.
