Cada cierto tiempo reaparece en Bolivia la tesis de que las empresas estratégicas del Estado son, por definición, ineficientes y que la única salida razonable consiste en reducirlas, fragmentarlas o ceder sus espacios al capital privado. Hoy, esa idea vuelve envuelta en lenguaje técnico, informes sofisticados y promesas de eficiencia inmediata. Ayer se llamó capitalización, hoy adopta otras formas. El fondo, sin embargo, es el mismo: achicar el Estado.
La propuesta de recortar el rol de YPFB, relativizar la conducción estatal en YLB o devolver a Comibol a esquemas concesionales parte de una premisa al menos discutible: que lo público está condenado al fracaso y que lo privado, por sí solo, garantiza resultados superiores.
La experiencia boliviana y mundial demuestra algo bastante más complejo.
No se puede negar que muchas empresas estatales nacionales arrastran problemas severos: interferencia política, burocracia, falta de meritocracia, decisiones erráticas y escasa transparencia. Sería ingenuo negarlo, pero reconocer esas debilidades no obliga a aceptar su liquidación silenciosa. Obliga, más bien, a encarar la reforma pendiente.
YPFB, YLB y Comibol deberían evolucionar hacia verdaderos modelos corporativos públicos: gestión profesional, directorios técnicos, metas claras, auditorías exigentes, autonomía operativa y capacidad de asociarse inteligentemente cuando convenga al interés nacional. Empresas con disciplina financiera, vocación exportadora y protección frente al vaivén partidario.
El error recurrente en Bolivia ha sido convertir activos estratégicos en botín político. Nombramientos por cuota, decisiones de corto plazo y utilización fiscal improvisada han debilitado entidades. Luego, sobre esas mismas ruinas, aparecen voces que ofrecen privatización como única salida. Es un ciclo conocido: primero se deteriora, después se remata.
La discusión de fondo no debería ser Estado versus mercado, una dicotomía ya envejecida. Debería ser cómo construir instrumentos eficaces para aprovechar recursos naturales en beneficio del desarrollo nacional. En algunos casos habrá espacio para alianzas privadas, inversión externa y esquemas mixtos. Pero la conducción estratégica debe responder al país, no a balances ajenos.
En el caso del litio, por ejemplo, renunciar demasiado pronto al liderazgo estatal sería repetir errores históricos: exportar materia prima mientras otros capturan la industrialización. En hidrocarburos, debilitar a YPFB sin fortalecer regulación y capacidad negociadora sería entregar margen de maniobra en un sector aún crucial. En minería, volver sin matices a concesiones clásicas puede significar reeditar viejas asimetrías.
Lo urgente, entonces, no es vender sino gobernar mejor.
Refundar corporativamente las empresas del Estado implica profesionalizarlas, exigir resultados y separar gestión de militancia; medir desempeño con rigor y sancionar fracaso sin contemplaciones; entender que lo estratégico no puede administrarse con lógica improvisada.
Bolivia necesita un Estado inteligente, no uno ornamental. Y mercado dinámico, no captura rentista.
Desmantelar puede ser rápido, construir instituciones sólidas toma más tiempo. Lo primero es lo primero: hay que devolverle a YPFB su condición de empresa estratégica, no de movimiento social. Con ese punto de partida, entre otras cosas, la gasolina dejará de estar “desestabilizada”.
