Con las medidas de presión alentadas desde el evismo en su punto culminante tras confirmarse una muerte por los bloqueos de caminos, la crisis política y social se torna ahora imprevisible.
En primer lugar, no debería ser lógico hablar tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de que, como organización política, se ha dividido y está en terapia intensiva y con diagnóstico reservado. En cambio sí está todavía vigente el evismo como tal, lo que se viene reflejando precisamente en las movilizaciones concentradas, principalmente, en La Paz, aunque su centro de operaciones siga siendo el trópico cochabambino. Se trata de una corriente sin personería jurídica que tiene innegable influencia en diferentes sectores, sobre todo en el campesinado andino.
El propio expresidente Evo Morales se ha ufanado al decir que sus candidaturas se mimetizaron en varias organizaciones para participar en las elecciones recién pasadas. Llegaron incluso a utilizar a la organización de Jorge Tuto Quiroga, Libertad y República (Libre), para participar en un municipio, según confesó el mismo exmandatario sobre el que pesa una orden de aprehensión hace años y, sin embargo, la Policía no la ejecuta.
Si se analizan con cuidado los resultados de las subnacionales, se verá que el evismo logró ganar en varias plazas. En Potosí, sin ir más lejos, por ejemplo, se lo percibe en el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que tuvo participación disímil en este departamento.
Entonces, por una parte está al evismo operando desde diferentes frentes —ampliados, ahora, a una cantidad no determinada de municipios—, y, por otra, se encuentra enquistado en sindicatos que todavía controla, incluida la Central Obrera Boliviana (COB). Estos son los que han puesto en vilo al país con sus bloqueos, tratando de asfixiar a la ciudad de La Paz y, según lo ha confirmado un dirigente juvenil, también buscando un “golpe de Estado” contra el Gobierno nacional.
A esto se suma el conflicto del combustible, que ha desatado la teoría de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se habría convertido en una corporación controlada por el antiguo MAS, ya que en 2005 tenía menos de 1.000 empleados y ahora llega fácilmente a 8.000. Las planillas crecieron alarmantemente durante los gobiernos de Morales y Luis Arce. De allí la versión del sabotaje a la gasolina contaminada.
Y aquí aparece un elemento importante: el incremento de los asesinatos con la marca indiscutible del sicariato, en acciones que tienen toda la apariencia de ajustes de cuentas y se han convertido en la cara más reciente de un fenómeno omnipresente, pero poco analizado desde la óptica política: por un lado, el narcotráfico; por el otro, las tierras.
Uno de esos casos fue, precisamente, el del magistrado Víctor Hugo Claure, muerto a balazos por un sicario que, según las imágenes que recorrieron el país, se baja de una motocicleta cuando el magistrado del Tribunal Agroambiental llegaba a su casa en un taxi en Santa Cruz. Es momento de admitir que el sicariato forma parte de la criminalidad boliviana, y si la mayoría de los casos ocurren en el oriente se debe a que las mafias utilizan a Santa Cruz como centro de operaciones.
En cuanto al narcotráfico, no se limita al oriente ni a su feudo, el trópico cochabambino, con Evo Morales todavía a la cabeza de los cocaleros del Chapare, sino que también tiene presencia en el occidente, especialmente en “México Chico”, en el norte potosino, tal como consta en el libro “Narcotráfico imparable”, de Manuel Morales Álvarez.
Por último, el Gobierno ha señalado que el expresidente Morales está detrás de los hechos de violencia que azotan al país. Se supone que para afirmar tal cosa tiene pruebas y que esto merece proceder como corresponde y no dejar pasar más tiempo, como ocurre con las consecutivas órdenes de aprehensión que no se ejecutan desde hace más de un año.
