La presión de grupos de dirigentes ligados al pasado y que azuzan a sus bases debería obligar a una gestión más inteligente del con flicto. Hasta el cierre de la presente edición informativa, el diálogo —salvo aquel instalado con los mineros— no asomaba en La Paz. A las tensiones económicas de los meses recientes se han sumado el desgaste institucional y los desafíos estructurales, tras el consenso del daño ocasionado por los sucesivos gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las últimas dos décadas.
Ahora, por las declaraciones que brindó el se cretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, se han descartado de plano las otrora legítimas demandas sectoriales para directamente pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, algo inaceptable en tiempos de de mocracia.
Su sola confesión, difundida por diferentes medios de comunicación, debería ameritar la actuación inmediata del Mi nisterio Público.
Apenas el fin de semana pasado, los principales líderes políticos dieron a la población un mensaje positivo al acordar el impulso de las leyes nece sarias para cambiar el modelo de Estado y, de ese modo, promover el des pegue del país.
Lamentablemente, algunas dirigencias sindicales están en contrarruta.
Los bloqueos de carreteras acumulan perjuicios millonarios a todos los sec tores económicos y serias afectaciones a miles de familias que, ya sea en el campo o en la ciudad, viven de su trabajo diario.
Durante demasiado tiempo, la política boliviana ha confundido lide razgo con imposición y gobernabilidad, con obediencia. Se ha intentado administrar la pluralidad como si fuera una amenaza, cuando en realidad es una condición natural de toda democracia. El resultado: aislamiento y confrontación innecesaria.
Por eso, la coordinación entre el Gobierno central y las autoridades de partamentales no debería quedarse en la anecdótica fotografía protocolar, sino convertirse en método de trabajo. Las reuniones entrañan diálogo, y esta es la única forma de resolver las diferencias. A partir de ese razo namiento, el presidente Rodrigo Paz debe mostrar firmeza a la hora de convocar no solo a autoridades, sino también a dirigentes y representantes de organizaciones sociales. Tiene que aprovechar mejor su habili dad para el trato personal y para generar climas de distensión, una virtud que puede ser un activo importante si se traduce en acuerdos duraderos, más allá de las poses y los encuentros o cumbres grandilocuentes.
A estas alturas de la crisis, la ciudadanía ya de bía tener soluciones; o, por lo menos, certezas de que estas se encuentran cerca. El Gobierno está dejando la impresión de que no sabe manejar un conflicto que tiene de protagonistas a personajes radicales e insensibles dis puestos a todo con tal de seguir sus apetitos sectoriales de poder.
Las sospechas de que detrás de las manifestaciones más implacables se encontraría la mano del expresidente Evo Morales se han ido disipando con el transcurrir de las horas. Con los bloqueos y marchas asfixiando a la sede del Gobierno, con dos personas fallecidas producto de protestas desme didas, no queda mucho margen de acción. La mayoría coincide en que ya no es posible tolerar más desmanes y ese desprecio por la vida que vienen demostrando malos dirigentes sindicales.
La convulsión se siente en las calles de La Paz y El Alto. En defensa de la democracia, el Gobierno tiene que adoptar medidas concretas, aparte de ex presar su voluntad de dialogar, y, por otro lado, es urgente que los dirigentes asuman su responsabilidad social y reconduzcan su actitud buscando una salida pacífica a esta crisis, sin avanzar (más) en el camino del delito con propósitos sediciosos ni con planes abiertamente golpistas.
