Bajo la mirada atenta de la ciudadanía que ha expresado, mayoritariamente, que la Central Obrera Boliviana (COB) no le representa, el gobierno de Rodrigo Paz inició ayer dos caminos en procura de destrabar el país: por una parte, fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía iniciaron el desbloqueo del camino entre Oruro y La Paz, y, por otra parte, un proceso de diálogo con la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.
Se trata de dos medidas acertadas porque el bloqueo era ejecutado por una parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB, en la que está su dirigente Mario Argollo, y, no había merecido el respaldo de las organizaciones afiliadas a ese organismo. La obstrucción de vías es una medida cada vez más impopular que, en esta coyuntura, ha determinado una exigencia masiva de que se proceda al desbloqueo.
La reunión con la COR alteña sigue la vía de la negociación fraccionada que asumió el gobierno desde que el actual conflicto comenzó a crecer. No se puede negar que, así como hay rechazo a los bloqueos, existe descontento de la gente con la manera de gobernar que percibe, a seis meses de la asunción de Rodrigo Paz a la presidencia del Estado.
Lo que ocurrió, entonces, es que hubo una suma de protestas populares en las que la de la COB es simplemente una más. Por ello, es coherente que el gobierno se haya reunido con sectores, comenzando por los indígenas de tierras bajas con los que se comprometió a abrogar la Ley 1720, un compromiso que ya ha sido cumplido.
Otras demandas, como las del magisterio, fueron atendidas por la vía correspondiente; es decir, el Ministerio de Educación. Incluso en este caso, se trató con el magisterio urbano y rural por separado y se respondió a ambos.
La reunión con la COR alteña se debe a que esta tiene sus propias demandas, entre reponer la subvención a los carburantes y un incremento salarial del ocho por ciento, muy distante del 20 por ciento planteado por la COB.
Los sucesos del sábado tienen un trasfondo diferente: el fallo de la Sala Constitucional Segunda de La Paz que determina que “el bloqueo absoluto de carreteras, caminos, puentes y vías estratégicas no se encuentra protegido por el derecho a la protesta social cuando impide o restringe gravemente la salud, alimentación, educación, seguridad y libre circulación”. Esta resolución constitucional judicializa algo que todos sabíamos: nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás así que los derechos de los bloqueadores solo llegan hasta donde inician los de las demás personas.
Este fallo dará de qué hablar en los próximos días, pero tiene un tono moderado, si se compara con otros que la justicia paceña emitió en el pasado reciente. Está a tono de la actitud del gobierno de Paz Pereira que, pese a la virulencia de los ataques en su contra, ha optado por una actitud que bien podría calificarse de “gentileza”, por no usar otros términos.
El Presidente ha esperado la luz verde de la justicia antes de instruir que el Ejército y la Policía cumplan con su obligación constitucional de garantizar la seguridad interna del país; es decir, debían proceder antes, porque eso dice la ley, pero esperaron una orden presidencial que se tardó demasiado. Mientras, murieron hasta tres personas a causa de los bloqueos.
En realidad, tampoco era necesario esperar un pronunciamiento judicial cuando la Constitución Política del Estado dice que el Estado debe garantizar el libre tránsito por todo el territorio nacional. Por ello, la “gentileza” del Gobierno se ha traducido en inacción frente a la ilegalidad.
