Más o menos en la línea del panorama que trazamos ayer, en este mismo espacio, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira ha optado por una “represión suave” para despejar los caminos que seguían bloqueados hasta ayer, especialmente en el Departamento de La Paz.
El propósito, como lo ha expresado el vocero presidencial, es que los operativos de desbloqueo se ejecuten sin el uso de armas letales y limitándose a los gases lacrimógenos. Con esa decisión, hasta el momento no se ha reportado víctimas fatales —y es de esperar que así siga hasta finalizar el conflicto—, pero existe el riesgo de que los bloqueadores busquen alternativas para conseguir la bandera que están buscando.
Hay que decir las cosas por su nombre: el bloqueo, y una huelga general indefinida que nadie cumple, es un intento sedicioso porque su objetivo principal es la renuncia del jefe de Estado. Con el rótulo de “sedición”, el artículo 123 del Código Penal boliviano dice que “Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de Leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”. Como se ve, la conducta de los dirigentes de la COB se enmarca en lo establecido en ese artículo.
Históricamente, el país ha navegado entre ciclos de bonanza y crisis, dependiendo fuertemente de la extracción de recursos naturales. Sin embargo, el “Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Democracias bajo presión”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), enfatiza que el verdadero desarrollo humano ya no se mide únicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) o el consumo coyuntural, sino por la resiliencia; es decir, la capacidad de los individuos y de las instituciones para absorber impactos, adaptarse a la incertidumbre y prosperar a pesar de ella.
Bolivia enfrenta desafíos estructurales profundos que exigen una acción colectiva urgente. La polarización política y social amenaza con paralizar reformas vitales, mientras que la vulnerabilidad de nuestras comunidades frente a desastres climáticos y sequías evidencia la necesidad de modernizar los sistemas productivos y de protección social.
El documento del PNUD nos invita a un replanteamiento profundo. ¿Qué significa esto para Bolivia? En primer lugar, exige diversificar nuestra economía para reducir la dependencia de las materias primas, promoviendo sectores estratégicos, tecnología e innovación que generen empleo sostenible.
En segundo lugar, requiere fortalecer nuestras instituciones democráticas, promoviendo espacios de diálogo transparente que reduzcan la fragmentación social y fomenten la confianza ciudadana.
En ese contexto, es momento de que el Estado, en todos sus niveles, el sector privado y la sociedad civil asuman una responsabilidad compartida pues la transición hacia un modelo resiliente e inclusivo requiere voluntad política y acuerdos mínimos de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales.
Todo hace suponer que el gobierno del presidente Paz ha resuelto transitar por esa ruta para, primero, resolver la crisis que vivimos actualmente y, segundo, construir un país más equitativo, capaz de resistir las presiones globales y adaptarse a las transformaciones del siglo XXI.
El problema, y el riesgo, es que las personas que están pidiendo su renuncia se han negado a dialogar.
