Con las medidas de presión alentadas desde el evismo y la Central Obrera Boliviana (COB) en su punto más candente, no hay visos de solución a la crisis política, económica y social. Los movilizados han cambiado de estrategia y ya no tienen demandas sectoriales, sino que exigen directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz, lo cual está siendo respondido con marchas pacíficas de ciudadanos en defensa de la democracia.
En primer lugar, no debería ser lógico hablar tanto del Movimiento Al Socialismo (MAS), después de que, como organización política, se ha dividido y está en terapia intensiva y con pronóstico reservado. En cambio sí está todavía vigente el evismo como tal, lo que se viene reflejando precisamente en las movilizaciones concentradas, sobre todo, en La Paz, aunque su centro de operaciones siga siendo el trópico cochabambino. Se trata de una corriente sin personería jurídica que tiene innegable influencia en diferentes sectores, especialmente en el campesinado andino.
El propio Evo Morales se ha ufanado al decir que sus candidaturas se mimetizaron en varias organizaciones para participar en las elecciones recién pasadas. Llegaron incluso a utilizar a la organización de Jorge Tuto Quiroga, Libertad y República (Libre), para participar en un municipio, según confesó el mismo exmandatario sobre el que pesa una orden de aprehensión hace años y, sin embargo, la Policía no la ejecuta.
Si se analizan con cuidado los resultados de las subnacionales, se verá que el evismo logró ganar en varias plazas. En Potosí, sin ir más lejos, se lo percibe en el Movimiento Tercer Sistema (MTS), que tuvo participación disímil en este departamento.
Entonces, por una parte está al evismo operando desde diferentes frentes —ampliados, ahora, a una cantidad no determinada de municipios—, y, por otra, se encuentra enquistado en sindicatos que todavía controla, incluida la COB. Estos son los que han puesto en vilo al país con sus bloqueos, asfixiando a la ciudad de La Paz y, según lo han confirmado distintas fuentes como, por ejemplo, los cívicos de Santa Cruz, también buscando un “golpe de Estado” contra el Gobierno nacional.
Ante la insensatez reinante, en diferentes ciudades, plataformas y ciudadanos autoconvocados han empezado a salir en marchas de protesta para restablecer el orden público y no dejar que grupos de sectores, con evidentes motivaciones políticas, pretendan alterar la institucionalidad democrática del país.
El bolsillo del boliviano de a pie ya ha sido demasiado afectado con la crisis de la gasolina contaminada, después de las diferentes teorías que ha ensayado el Gobierno a la hora de explicar este conflicto. Y a esto se suma el serio problema de la inseguridad, a partir del incremento de los asesinatos con el sello del sicariato, en acciones que tienen toda la apariencia de los ajustes de cuentas y que se han convertido en la cara más reciente de un fenómeno omnipresente, pero poco analizado desde la óptica política: por un lado, el narcotráfico; por el otro, las tierras.
Uno de esos casos fue, precisamente, el del magistrado Víctor Hugo Claure, muerto a balazos por un sicario que, según las imágenes que recorrieron el país, se bajó de una motocicleta y ejecutó al magistrado del Tribunal Agroambiental en Santa Cruz. Es momento de admitir que el sicariato forma parte de la criminalidad boliviana, y si la mayoría de los casos ocurren en el oriente se debe a que las mafias están utilizando a esa región como centro de operaciones.
El Gobierno viene repitiendo que Evo Morales está detrás de los hechos de violencia de las últimas semanas. Si lo dice, se supone que tiene pruebas; entonces, se debería proceder como corresponde y no dejar pasar más tiempo, como ocurre con las consecutivas órdenes de aprehensión que pesan contra el exmandatario y que no se ejecutan desde hace más de un año.
