Gobierne, señor Presidente

EDITORIAL Editorial Correo del Sur 24/05/2026
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Rumbo al séptimo mes de su mandato, el presidente Rodrigo Paz no logra estabilizar su gobierno y, después de tres semanas de bloqueos de caminos irresueltos y, particularmente, del inclemente cerco a La Paz, prevalece la sensación de debilidad institucional en el Estado.

Sin medidas estructurales, que es lo que la población esperaba para encarar cambios inmediatos y generar una transición o un quiebre respecto a los 20 años del fallido modelo del Movimiento Al Socialismo (MAS), causa central de la crisis económica, el país naufraga en un mar de dudas e incertidumbre.

El pedido de renuncia de Paz, de parte de varios sectores sociales, llega después de continuas claudicaciones ante demandas de distintas organizaciones; por ejemplo, tras la marcha de indígenas contra la Ley 1720 de conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria a mediana,

Antes, el Gobierno había retrocedido en otro tipo de medidas, lo cual, en tan poco tiempo, da una pauta de su forma de proceder. Dos ejemplos más, entre otros que podrían citarse: Abrogó el Decreto Supremo 5503 con las primeras medidas económicas de la Administración de Paz, en enero de este año, tras una protesta de la Central Obrera Boliviana (COB); y abrogó el Decreto 5591, que establecía un gravamen cero para la importación de grano de soya hasta diciembre de 2026, en respuesta a la presión y amenazas de bloqueo de los sectores productivos de Santa Cruz y Beni.

El Presidente recibió respaldo internacional, empezando por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y continuando por la administración estadounidense de Donald Trump, en defensa de la institucionalidad democrática boliviana. Pero, ante la evidente desorientación a nivel interno, la sensación de debilidad que ha ido construyendo el Gobierno a base de indecisiones y ausencia de políticas estructurales, con el paso de los meses, se torna cada vez más difícil de revertir. Esa debilidad se reforzó con los continuos pedidos de corredores humanitarios, negociando con los desestabilizadores que, a todas luces, buscan un quiebre del orden constitucional.

Antes de que detonasen los conflictos en las carreteras, Paz y su bancada tuvieron la oportunidad de promover el debate de las reformas constitucionales, para las cuales ya tiene respaldo político en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Era esperable que los defensores del modelo socialista en crisis iban a reaccionar como lo haría un león herido, que ataca con más fiereza. Independientemente de que las protestas se desactiven o no, el riesgo de que vuelvan a rebrotar será latente. Entretanto, la ciudadanía paceña, alteña y los habitantes de las áreas que circundan a la vía que conecta a la sede del Gobierno con Oruro se han acostumbrado a convivir con la violencia de marchistas y bloqueadores capaces de atentar, sin piedad, contra policías y también contra civiles.

En los hechos, el país se ha vuelto rehén y prisionero de los bloqueos y de las protestas en las calles y, en esta crisis, cada concesión sectorial ha representado, implícitamente, un acto de claudicación del Gobierno, que ha dejado pasar los días sin desactivar las protestas, en el fondo, actos de subversión con abiertos propósitos golpistas de los bolivianos tienen suficiente memoria. A saber: 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada; 2005, Carlos Mesa; 2019, Jeanine Áñez... siempre con un denominador común: movilizaciones encabezadas por Evo Morales o, en su defecto, el ya fallecido líder indígena Felipe Quispe, el ‘Mallku’.

De ningún modo se puede dejar que nadie, sin excepciones, ponga en peligro la institucionalidad democrática ni la continuidad de este gobierno de cinco años. Nadie tiene suficiente legitimidad, y mucho menos legalidad, para salir a las calles y pedir que se interrumpa el proceso constitucional.

La capacidad de Rodrigo Paz para gobernar Bolivia está en juego. Y, aunque parece tarde, se esperan decisiones firmes que no solo pacifiquen el país, sino que reencaminen la gestión del Presidente, antes de que la sensación de desgobierno se instale, irremediablemente, en la percepción de los ciudadanos.

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