Las guerras siempre fueron el mal mayor: crueles como ellas solas, provocaron daños inconmensurables con millones de millones de pérdidas de vidas humanas a lo largo de la historia.
Hasta el siglo XIX las guerras destruían todo lo que el hombre pudo construir, eran verdaderas moledoras de carne humana. No solo mataban personas, sino que dejaban muchas más heridas y propagaban enfermedades.
Estas condiciones se mantuvieron hasta por lo menos 1859, cuando el empresario Henry Dunant visitó a los soldados heridos en la batalla de Solferino y quedó impactado por el estado inhumano de las víctimas de las guerras. A partir de entonces, dirigió sus esfuerzos a moderar los efectos de las guerras y promovió las convenciones de Ginebra que entre 1864 a 1949 establecieron las bases de lo que hoy se conoce como Derecho Internacional Humanitario.
Las convenciones dieron lugar a los convenios de Ginebra que, básicamente, establecen condiciones de trato humanitario para quienes no participan en las guerras e incluso para los que, habiendo participado, quedan fuera de estas por heridas o enfermedades.
Pues bien, aunque cueste creerlo, los bloqueos de caminos que periódicamente asfixian a Bolivia tienen sus antecedentes en las guerras, porque eran acciones, mejor conocidas como sitios o asedios, que se usaban para derrotar o por lo menos debilitar al enemigo. Los sitios (o bloqueos) consistían en cortar suministros a las ciudades con el fin de rendir a sus habitantes por hambre. Uno de los más antiguos es el que el rey asirio Sanjeriv impuso a la ciudad judía de Laquis en el año 701 antes de Cristo.
En el territorio hoy boliviano también hubo sitios, pero los más célebres son los dos cercos que Julián Apaza impuso a La Paz en 1781. Más conocido por su sobrenombre de Tupaj Katari, este personaje suele ser periódicamente nombrado por los bloqueadores, sobre todo, cuando la ciudad afectada es la actual sede del Gobierno.
Siendo verdaderas estrategias de guerra, el Derecho Internacional Humanitario considera a los bloqueos como parte de esta, y las reglas válidas para las guerras son aplicables a los bloqueos.
Bajo ese razonamiento, los colectivos de bloqueadores esperan conseguir algo; en el otro lado de la balanza está la autoridad a la que se plantean las demandas.
Bolivia se ha adherido a los convenios de Ginebra e incluso ha firmado los protocolos I y II. El segundo refiere a la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales; es decir, conflictos internos. En este marco hay que situar a los habitantes de las ciudades bloqueadas, puesto que no provocaron el cerco, y a los pasajeros, cuyo tránsito por los caminos resulta interrumpido de manera brusca y, a veces, hasta con violencia.
Antes, estos mismos bloqueos o sitios respetaban a las personas vulnerables como adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos. Con esa lógica, se permitía el paso de ambulancias y vehículos que transportan suministros médicos. Hoy en día, eso ha cambiado para peor. Además de haberse convertido en un negocio para una clase dirigencial corrompida, no solo que no se respetan los derechos de los más vulnerables, sino que se llega a provocar la muerte de personas que necesitan atención médica y, pudiendo permitírsele salvar su vida, no se lo hace. Eso transforma sus acciones en homicidio culposo.
